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En una entrevista exclusiva para Agenda QR con la periodista Maricarmen Vélez, el Lic. Juan Carlos García Islas, presidente de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia (AIMCSE), abordó el creciente uso de cámaras de seguridad en hogares y comercios en México. Aunque estas tecnologías prometen aumentar la seguridad, García Islas advirtió sobre los riesgos legales que pueden surgir si no se cumplen con las normativas establecidas.

García Islas señaló que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece que las cámaras deben ser instaladas con el objetivo de proteger bienes y prevenir delitos, y no deben capturar imágenes en áreas sensibles como baños o vestidores. “Es crucial que los propietarios sean conscientes de dónde colocan estas cámaras y que informen a sus vecinos sobre su instalación”, enfatizó. El incumplimiento de estas reglas puede llevar a sanciones severas, que en algunos casos podrían ser millonarias.

El presidente de AIMCSE también destacó que la Profeco ha establecido regulaciones claras sobre la captura de imágenes en espacios públicos y privados. “El hecho de que un negocio tenga cámaras de seguridad no lo convierte en un espacio público; es fundamental que se realice un aviso de privacidad para los clientes”, explicó. Esto incluye la obligación de informar cómo se almacenarán y utilizarán las grabaciones.

La proliferación de cámaras de seguridad, tanto en hogares como en pequeños comercios, ha generado un aumento en la demanda de equipos de vigilancia. Sin embargo, García Islas advirtió que muchos instaladores no están al tanto de las leyes que regulan la videovigilancia. “Es imperativo que los usuarios exijan a los proveedores que cuenten con los permisos necesarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal”, recomendó. Esto no solo garantiza el cumplimiento de la ley, sino que protege la privacidad de los ciudadanos.

Finalmente, García Islas concluyó que el uso responsable de las cámaras de seguridad puede ser un aliado en la lucha contra la delincuencia, siempre y cuando se respeten los derechos de las personas. “La clave está en encontrar un equilibrio entre la seguridad y la privacidad. La instalación de cámaras debe ser un proceso informado y regulado”, afirmó. A medida que la tecnología avanza, es esencial que la ciudadanía esté bien informada sobre sus derechos y responsabilidades.

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