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El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ha emitido una resolución unánime en la que se impone una amonestación pública a Roberto Alan Marín Flores, ex candidato a la Presidencia Municipal de Cozumel por el partido Movimiento Ciudadano (MC), y al propio partido político. La sanción se debe a la colocación de propaganda electoral en una zona turística de la ciudad, lo cual está prohibido por las reglas electorales vigentes.

La resolución, que fue aprobada el 16 de agosto de 2024, responde a una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Procedimiento Especial Sancionador PES/122/2024. Los magistrados del Teqroo determinaron que tanto Marín Flores como el Movimiento Ciudadano incurrieron en una falta al permitir la pinta de propaganda en bardas ubicadas en áreas turísticas, violando así las normativas establecidas para la propaganda electoral.

Roberto Alan Marín Flores, quien compitió por la alcaldía de Cozumel, y su partido, Movimiento Ciudadano, han sido señalados por “culpa in vigilando”, una figura legal que implica responsabilidad por no vigilar adecuadamente el cumplimiento de las leyes electorales. Esta amonestación pública se suma a una serie de sanciones que el Teqroo ha impuesto en los últimos meses, reflejando un endurecimiento en la aplicación de las normas electorales en Quintana Roo.

El fallo del Teqroo ha generado diversas reacciones en el ámbito político local. Mientras algunos consideran que la sanción es un acto de justicia electoral, otros la ven como una medida excesiva y politizada. La resolución del tribunal electoral pone de manifiesto las tensiones y desafíos que enfrentan los partidos políticos en el cumplimiento de las normativas electorales, especialmente en contextos de alta competencia política.

En respuesta a la sanción, representantes de Movimiento Ciudadano han manifestado su desacuerdo y han anunciado que evaluarán las acciones legales pertinentes para impugnar la resolución del Teqroo. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y el cumplimiento de las leyes electorales, así como las consecuencias de su incumplimiento en el proceso democrático.