Sancionan red de fraude en tiempos compartidos del CJNG en Puerto Vallarta. La OFAC y la UIF bloquean a Kovay Gardens y 17 empresas vinculadas.
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Fraude en tiempos compartidos se convierte en el nuevo objetivo de las autoridades financieras tras detectarse una red de estafas vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos lanzó una serie de sanciones directas contra un complejo turístico en Puerto Vallarta. El operativo, coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, apunta al complejo Kovay Gardens por defraudar sistemáticamente a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades identificaron que este esquema de fraude en tiempos compartidos utiliza promesas falsas de alquiler para obtener ingresos ilegales y realizar cobros excesivos en tarjetas de crédito.
La acción legal incluye a 17 empresas mexicanas y cinco personas físicas asociadas con esta estructura criminal que opera en la costa de Jalisco. Por su parte, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a siete sujetos adicionales vinculados al núcleo operativo y familiar de la red. Estas medidas buscan asfixiar financieramente a las organizaciones que han diversificado sus actividades delictivas hacia el sector turístico y de bienes raíces.
Operativa delictiva y empresas sancionadas en Puerto Vallarta
El esquema de fraude en tiempos compartidos es liderado presuntamente por Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo anteriormente conocido como Vallarta Gardens. Según las investigaciones, Rivera colabora estrechamente con individuos designados previamente por sus vínculos con el narcotráfico y el fentanilo. La red abarca desde inmobiliarias y operadoras turísticas hasta empresas de servicios financieros y comercializadoras que facilitan el blanqueo de capitales obtenidos mediante las estafas.
Entre las firmas señaladas se encuentran Administradora y Comercializadora del Mar y VG Desarrollos de la Bahía, las cuales prestaban servicios de reserva y construcción. También se identificaron lugartenientes del CJNG, como Óscar Enrique Jiménez Tapia y José Luis Gutiérrez Ochoa, quienes supervisan las “salas de control” donde se ejecutan los fraudes. Estas oficinas operativas contactan a las víctimas en el extranjero para convencerlas de realizar transferencias bajo conceptos de impuestos o comisiones inexistentes.
Impacto económico del fraude en tiempos compartidos
El volumen de capital movilizado por esta red es alarmante, según los Reportes de Actividades Sospechosas registrados entre los años 2019 y 2023. La OFAC consigna que se han detectado movimientos por cerca de 330 millones de dólares vinculados exclusivamente al fraude en tiempos compartidos. En promedio, las autoridades reciben 40 reportes mensuales sobre este tipo de actividades, con pérdidas individuales que pueden superar los 380 mil dólares en casos de estafas complejas.
Tan solo durante el año 2024, el FBI documentó cerca de 900 quejas relacionadas con fraudes turísticos en territorio mexicano, sumando pérdidas superiores a los 50 millones de dólares. El mecanismo consiste en que residentes estadounidenses envían fondos a estafadores en México que trabajan para organizaciones criminales transnacionales. El congelamiento de activos financieros y la prohibición de transacciones con estas entidades representan un golpe directo a la infraestructura económica del cártel en la región.
Colaboración binacional para frenar la criminalidad turística
La cooperación entre el Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda de México refleja un compromiso por proteger la integridad del sector turístico. El uso de órdenes ejecutivas contra el narcotráfico permite que las sanciones tengan un alcance global, bloqueando cualquier propiedad que los designados tengan en jurisdicción estadounidense. La transparencia en estas investigaciones es fundamental para alertar a los inversionistas y propietarios extranjeros sobre los riesgos de operar con desarrollos inmobiliarios bajo sospecha.
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar la legitimidad de cualquier oferta de alquiler o reventa de tiempos compartidos antes de realizar pagos electrónicos. El combate al fraude en tiempos compartidos continuará mediante el monitoreo constante de cuentas bancarias y la actualización de las listas de personas bloqueadas. Se espera que estas sanciones desarticulen las células operativas que han convertido a los destinos de playa en escenarios de estafas internacionales a gran escala.
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