Washington busca desarticular redes de “narco-corrupción” mediante la sanción a familiares de Maduro vinculados a operaciones financieras en Panamá
Washington, EUA. La administración estadounidense endureció su postura diplomática este jueves al anunciar una nueva serie de medidas restrictivas dirigidas contra el círculo íntimo del mandatario venezolano. El Departamento del Tesoro, a través de un comunicado oficial, informó que la sanción a familiares de Maduro busca desarticular lo que las autoridades calificaron como una red de “narco-corrupción”. Este esquema financiero es señalado por Washington como el soporte fundamental que permite la continuidad operativa del actual gobierno en Caracas. La acción institucional se enfoca con especial rigor en el entorno de Carlos Erik Malpica Flores, quien se desempeña como sobrino de la primera dama, Cilia Flores. Cabe recordar que Malpica Flores ya había sido objeto de penalizaciones individuales el pasado 11 de diciembre, sin embargo, esta nueva fase amplía el alcance del castigo económico a su núcleo más cercano.
Redes de parentesco bajo escrutinio
El listado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluye a figuras clave del árbol genealógico de la familia presidencial, impactando directamente sus activos internacionales. Entre los afectados por la sanción a familiares de Maduro se encuentra Eloisa Flores de Malpica, madre del funcionario sancionado y hermana de la propia Cilia Flores. Asimismo, el organismo incluyó en la lista negra a Carlos Evelio Malpica Torrealba, padre de Carlos Erik, así como a su hermana, Iriamni Malpica Flores. De igual forma, las restricciones alcanzaron a Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa del sobrino presidencial, y a su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado. Mediante estas designaciones, el sistema financiero estadounidense bloquea cualquier propiedad o interés que estos individuos posean en territorio norteamericano, prohibiendo además toda transacción comercial con entidades o ciudadanos de aquel país.
Nexos con el sector empresarial
Además de los vínculos sanguíneos, las autoridades norteamericanas dirigieron sus acciones contra socios estratégicos que facilitan las operaciones financieras del Ejecutivo venezolano en el extranjero. Un punto central de la investigación señala al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, a quien vinculan estrechamente con maniobras monetarias destinadas a beneficiar al equipo de Nicolás Maduro. La sanción a familiares de Maduro y sus colaboradores cercanos pretende cortar los flujos de capital que, según el Tesoro, los desvían para el enriquecimiento ilícito de la élite gobernante. Por consiguiente, el gobierno de los Estados Unidos busca elevar los costos políticos y económicos para quienes participan en el sostenimiento de la estructura estatal venezolana mediante prácticas irregulares. Mientras tanto, se espera que estas medidas generen un impacto en las redes logísticas que el gobierno bolivariano mantiene en diversas jurisdicciones de la región y el Caribe.
Estrategia de presión internacional
Esta nueva ofensiva legal representa un paso más en la estrategia de Washington para forzar cambios políticos en la nación sudamericana mediante el aislamiento de sus líderes. Al confirmar que la sanción a familiares de Maduro es una realidad jurídica, el Tesoro reafirma su compromiso de utilizar herramientas económicas para combatir la cleptocracia transnacional. Los funcionarios estadounidenses recalcaron que estas acciones no son estáticas y que la vigilancia sobre los movimientos bancarios de los sancionados será permanente y exhaustiva. Por lo tanto, cualquier institución financiera internacional que facilite el movimiento de fondos para estos individuos corre el riesgo de enfrentar penalidades secundarias de gran magnitud. De esta manera, el cerco sobre el palacio de Miraflores se estrecha, enfocándose no solo en los cargos políticos, sino en la infraestructura familiar que permite el resguardo de capitales cuestionados por la comunidad internacional.
