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En un nuevo escándalo que pone en entredicho la actuación de las fuerzas armadas en México, se ha dado a conocer que mandos militares fueron informados en 2019 sobre el descubrimiento de cuerpos calcinados en Teuchitlán, Jalisco. Este hallazgo, que se relaciona con la violencia generada por el narcotráfico en la región, plantea serias preguntas sobre la respuesta de las autoridades y su compromiso con la justicia.

Informes y omisiones

Documentos obtenidos a través de la Ley de Transparencia revelan que las autoridades militares recibieron reportes detallados sobre la situación en Teuchitlán, donde se encontraron al menos diez cuerpos desmembrados en una zona de alta actividad delictiva. A pesar de esta información, no se han esclarecido las acciones emprendidas por los mandos para investigar el caso o prevenir futuros incidentes, lo que sugiere una preocupante falta de respuesta ante la creciente ola de violencia.

Reacciones de la sociedad civil

La revelación ha generado indignación entre activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen respuestas claras y la rendición de cuentas de los mandos involucrados. Para ellos, estos hallazgos son una evidencia más de la complicidad y la inacción de las fuerzas de seguridad en un país donde la impunidad sigue siendo un problema crítico. “No es suficiente con recibir información; se requiere acción efectiva”, comentaron líderes de derechos humanos.

Impacto en la seguridad nacional

El caso de Teuchitlán se suma a una larga lista de incidentes que señalan la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Con más de 34,000 homicidios registrados en 2020, la situación en Jalisco y otros estados refleja la crisis de seguridad que enfrenta el país. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades pone en riesgo la confianza de la población en sus instituciones.

Llamado a la acción

Ante esta situación, se hace un llamado urgente a los organismos de control y supervisión para que investiguen a fondo las acciones de los mandos militares en relación con el caso de Teuchitlán. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para reconstruir la confianza social y garantizar que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros actos de violencia.

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