Los legisladores locales avalaron las reformas con las que restringen el uso de celulares en los salones de clase
Ciudad de México. El Poder Legislativo de la capital del país concretó reformas sustanciales en materia digital y educativa, buscando salvaguardar el desarrollo de los menores y proteger la seguridad de los internautas. Durante la Sesión Ordinaria celebrada este jueves, los parlamentarios aprobaron de manera unánime dos dictámenes de gran relevancia social. El primero establece limitaciones estrictas a la utilización de dispositivos móviles dentro de los centros escolares de nivel básico, abarcando planteles públicos y privados. Por consiguiente, los representantes populares validaron de manera unánime los dictámenes tecnológicos con la finalidad de propiciar entornos de socialización saludables y frenar la incidencia de conductas delictivas digitales que vulneran de forma constante a la comunidad estudiantil.
Límites en las aulas
Las modificaciones jurídicas impactan directamente las normativas vigentes en la Ley de Educación de la Ciudad de México, específicamente en los artículos 7, 9, 64 y 129 del marco legal. La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo expuso ante el Pleno que la medida busca instaurar un modelo de aprendizaje digital responsable y de corresponsabilidad entre autoridades, docentes y padres de familia. Asimismo, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México asumirá nuevas facultades operativas para vigilar que las herramientas digitales se empleen exclusivamente cuando los programas pedagógicos específicos así lo requieran. De esta forma, se pretende mitigar la distracción en el aula, un fenómeno preocupante si se considera que el 75 por ciento de los maestros identifican a los teléfonos como el principal obstáculo para la retención escolar.
Riesgos cibernéticos y ciberacoso
La urgencia de legislar en esta materia se acentuó al analizar los peligros a los que se exponen los menores de edad en el ecosistema virtual sin supervisión adecuada. La congresista Laura Alejandra Álvarez Soto detalló que en el territorio nacional existen registros de más de tres millones de adolescentes que han sufrido incidentes graves de ciberacoso o explotación sexual mediante plataformas sociodigitales y videojuegos interactivos. El legislador Pablo Trejo Pérez coincidió en que la manipulación desmedida de estos equipos daña la convivencia comunitaria fuera y dentro de los salones. Por lo tanto, restringir el acceso general de los alumnos a las redes durante el horario de clases mitigará la exposición a los contenidos nocivos y fortalecerá los procesos tradicionales de internalización del conocimiento.
Sanción al fraude electrónico
El segundo dictamen aprobado por el Congreso local aborda la problemática de la ciberseguridad mediante la tipificación oficial del delito de phishing dentro del artículo 231 del Código Penal capitalino. El legislador Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, argumentó que los ataques cibernéticos a nivel nacional se dispararon exponencialmente, pasando de 300 millones de intentos en 2019 a 120 mil millones detectados en 2021. Esta alarmante estadística equivale a la comisión de un fraude electrónico cada 39 segundos, sumando un aproximado de dos mil 200 eventos criminales por jornada. La conducta delictiva, que perjudica recurrentemente a personas de la tercera edad, consiste en suplantar la identidad de corporaciones financieras o dependencias gubernamentales mediante mensajería y portales web apócrifos.
Penas por robo de datos
La nueva disposición jurídica, respaldada con la votación mayoritaria de 52 sufragios a favor, estipula castigos severos para quienes obtengan de forma ilícita claves de autenticación o datos patrimoniales de las víctimas. La promovente Olivia Garza de los Santos puntualizó que la tranquilidad ciudadana debe resguardarse tanto en la vía pública como en las redes informáticas. De este modo, los infractores que recurran a los engaños informáticos para conseguir lucros indebidos se harán acreedores a penas de prisión que van desde los tres hasta los seis años. Adicionalmente, el poder judicial impondrá sanciones económicas que oscilan entre las 200 y las 600 Unidades de Medida y Actualización vigentes, sentando un precedente indispensable para perseguir de forma eficaz a los ciberdelincuentes organizados en la metrópoli.
