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En un giro inesperado para el sistema judicial mexicano, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han anunciado su renuncia colectiva, efectiva el 31 de agosto de 2025. Este grupo, encabezado por Juan Luis González Alcántara, incluye a figuras prominentes como Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos Farjat. La decisión se presenta no solo como un cierre de ciclo para estos magistrados, sino también como un intento de cuestionar la reciente reforma judicial que, según ellos, compromete la independencia del Poder Judicial.

El ministro González Alcántara explicó que su renuncia tiene como objetivo dejar claro que no buscarán continuar en el cargo a través de elecciones, alineándose con los lineamientos de la nueva reforma. En el centro de su crítica se encuentra la propuesta de elección de jueces y magistrados locales por voto popular, un mecanismo que los ministros consideran una amenaza a la autonomía judicial. Aunque la elección popular se mantendría para los ministros de la SCJN y magistrados electorales, la medida es vista como una forma de “autocontención”.

González Alcántara expresó que la decisión de renunciar no solo refleja una responsabilidad institucional, sino también la convicción de que un mandato prolongado podría poner en riesgo la integridad de la SCJN. “Los ministros somos responsables y entendemos que nuestro ciclo terminó”, declaró, enfatizando la necesidad de proteger la independencia del Poder Judicial ante los desafíos políticos actuales.

El proyecto de invalidación de la reforma será debatido en el Pleno de la Corte y requerirá el respaldo de al menos ocho votos para ser aprobado. Esta situación genera incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial, especialmente ante las advertencias de legisladores de Morena, quienes han anticipado que no acatarán una posible sentencia de la SCJN que declare la invalidez de la reforma.

El anuncio de estas renuncias y la intención de invalidar aspectos fundamentales de la reforma judicial subraya la tensión existente entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en México. A medida que se aproxima el debate en la Corte, la atención se centra en cómo esta crisis afectará la confianza pública en las instituciones y la independencia del sistema judicial.

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