El dictamen de la reforma electoral aprobada será discutido este miércoles por el Pleno del Senado en medio de protestas
Ciudad de México. Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República ratificaron este martes el dictamen de la reforma político-electoral, conocida como Plan B. Con un tablero que registró 23 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones, el bloque oficialista logró destrabar la iniciativa enviada por la presidencia de la República, pese a la notable ausencia de los representantes del PT. Esta determinación legislativa marca un punto de inflexión en la actual legislatura, ya que la reforma electoral aprobada busca reconfigurar las reglas del juego democrático sin el acompañamiento de las fuerzas opositoras. Por consiguiente, el proyecto se turnó al Pleno de la Cámara Alta para su discusión definitiva este miércoles, en un escenario de polarización que pone a prueba la solidez del federalismo mexicano.
Críticas al centralismo
Durante el debate, la senadora priista Claudia Anaya lanzó una advertencia severa sobre los riesgos de vulnerar la autonomía municipal y los principios republicanos establecidos desde el siglo XIX. La legisladora argumentó que el partido en el poder intenta mancillar la Carta Magna al centralizar decisiones presupuestales que corresponden legalmente a los congresos locales y a la soberanía de los estados. Según la visión de la oposición, la reforma electoral aprobada trastoca el equilibrio de poderes al intervenir en facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, como la gestión del Presupuesto de Egresos. Asimismo, Anaya cuestionó la validez de los artículos transitorios que pretenden reducir el presupuesto del propio Senado, calificando estas medidas como improcedentes y ajenas al marco constitucional que rige a la nación.
Advertencias de retroceso
Por su parte, la bancada del Partido Acción Nacional, encabezada por el senador Marko Cortés, calificó el avance de la propuesta como un retroceso histórico para la democracia del país. El líder panista subrayó que esta es la primera modificación a las reglas electorales en décadas que se impulsa sin lograr un consenso mínimo entre las diversas fuerzas políticas. La preocupación central del bloque opositor radica en que la reforma electoral aprobada permite que la consulta de revocación de mandato coincida con la jornada electoral del próximo año. Esta sincronía, aseguran, podría ser utilizada para influir indebidamente en la equidad de la contienda, favoreciendo la narrativa del Ejecutivo federal en un momento crítico para la renovación de cargos públicos en diversas entidades.
Rumbo al Pleno
El dictamen también lo señalaron por ignorar temas estructurales como la sobrerrepresentación en el Congreso y la fiscalización efectiva para impedir el flujo de recursos ilícitos durante las campañas. Los legisladores de Movimiento Ciudadano se sumaron al rechazo, insistiendo en que la redistribución de regidores planteada vulnera directamente la autonomía de los ayuntamientos a lo largo del territorio nacional. Ante la inminente discusión en el Pleno, la reforma electoral aprobada en comisiones enfrenta un escrutinio social y jurídico que podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia. En conclusión, el avance de esta iniciativa define un nuevo paradigma en la relación entre el gobierno federal y los órganos autónomos, dejando abierta la puerta a una serie de impugnaciones que marcarán el rumbo de los comicios programados para 2026.
