Revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad red de empresas fantasma ligada al PT en Quintana Roo. Triangularon 65 millones de pesos de contratos federales a través de factureras locales.

Por Agenda QR

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un presunto esquema de triangulación de fondos públicos hacia el entorno político estatal. De acuerdo con los hallazgos, la compañía Grupo Tecno transfirió más de 65 millones de pesos a una red de factureras con base en la entidad. Estas operaciones señalan directamente a César Adrián Gamboa Montejo, quien funge como responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

El origen de estos recursos proviene de contratos asignados por el Gobierno Federal que superan los 4 mil millones de pesos. Entre ellos, destaca una licitación de 3 mil 800 millones de pesos otorgada por la Cancillería en 2020 para la emisión de pasaportes. A pesar de contar con una infraestructura mínima de apenas 19 empleados, la empresa recibió el contrato y comenzó a dispersar fondos. Por consiguiente, las autoridades hacendarias mantienen bajo la lupa este flujo de capital que terminó en cuentas de sociedades señaladas como inexistentes.

El operador del PT en Quintana Roo y su relación con las factureras

César Adrián Gamboa Montejo ha desempeñado un papel clave en la administración de recursos para las campañas políticas en la península. Según documentos del Instituto Nacional Electoral (INE), el funcionario fue ratificado recientemente en su cargo financiero el pasado 3 de noviembre de 2025. Por tal motivo, su vinculación con al menos ocho empresas que recibieron dinero de Grupo Tecno resulta sumamente comprometedora para la coalición oficialista.

La red bajo investigación comprende al menos 40 empresas fachada que comparten domicilios fiscales, apoderados legales y socios en diversos municipios quintanarroenses. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya incluyó a doce de estas sociedades en su listado oficial de operaciones simuladas (EFOS). Esta clasificación confirma que las compañías se utilizaron presuntamente para la evasión fiscal, el lavado de dinero o el desvío de recursos.

Utilizan identidades de trabajadores locales para la red de empresas “fantasma”

La investigación periodística descubrió que los supuestos accionistas de estas empresas millonarias son en realidad personas de escasos recursos. Entre los nombres figuran choferes, secretarias y empleados de despachos contables de Cancún que viven en zonas marginadas de la periferia. Por ejemplo, el caso de “Tachito”, un indígena maya que trabaja como auxiliar, ilustra cómo se usan identidades para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Muchos de estos prestanombres aseguran que sus documentos personales fueron utilizados sin su consentimiento por sus antiguos empleadores en el estado. Varios de estos movimientos legales fueron avalados por la Notaría Pública número 74, con sede en la ciudad de Cancún. Por consiguiente, los afectados manifiestan vivir en la humildad mientras sus nombres aparecen vinculados a transacciones que superan los 250 millones de pesos anuales.

Auditoría Superior identifica irregularidades en la ruta del dinero público

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también siguió la pista de estos contratos y corroboró la triangulación de recursos federales. Mediante el análisis de estados de cuenta, la ASF identificó que el dinero de la Secretaría de Salud fluyó hacia seis factureras específicas. En dichas empresas, el operador del PT en Quintana Roo figuraba como representante legal o apoderado al momento de realizarse las transferencias.

Aunque Gamboa Montejo intentó deslindarse de los cargos asegurando que su labor concluyó en 2022, los registros oficiales contradicen su versión pública. El funcionario ha sido captado en eventos de organización política recientes, lo que confirma su vigencia dentro de la estructura partidista local. La trama de corrupción apunta a que el dinero de los pasaportes pudo haber financiado actividades proselitistas en la región durante los últimos ciclos electorales.

Exigen transparencia ante el posible desvío de fondos en la entidad

Ante la gravedad de las revelaciones, diversos sectores civiles exigen una investigación profunda por parte de la Fiscalía General del Estado. La sociedad quintanarroense demanda claridad sobre cómo una red de empresas “fantasma” operó impunemente bajo el amparo de figuras políticas relevantes. Resulta imperativo que se deslinden responsabilidades penales contra quienes resulten responsables de utilizar a ciudadanos vulnerables como fachada para negocios ilícitos.

Finalmente, el caso pone en entredicho los mecanismos de asignación de contratos directos y licitaciones a nivel federal y estatal. El uso de factureras para drenar el erario público representa un golpe directo a las finanzas del país y a la confianza ciudadana. Las autoridades competentes deberán determinar si existen más implicados dentro de la administración pública que facilitaron este esquema de corrupción sistemática en el Caribe Mexicano.

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Con información de Mexicanos Contra la Corrupción