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El 4 de octubre de 2024, el Congreso de Quintana Roo recibió a 15 aspirantes que buscan integrar el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, un órgano creado con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en el estado. Este proceso de selección se lleva a cabo en un contexto de creciente preocupación social sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas.

Desde las 13:00 horas, los candidatos, que incluyen a Jorge Arturo Herrera Reyes, Claudia Marcela Pastrana Lagos y Claudia Carrillo Gasca, comenzaron a comparecer ante la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Cada grupo de aspirantes tuvo la oportunidad de presentar sus credenciales y argumentos sobre por qué deberían ser elegidos para un mandato de 12 años, un periodo crucial para establecer un precedente en la lucha anticorrupción en la región.

Todos los aspirantes cuentan con licenciaturas en Derecho, lo que pone de relieve la importancia de la formación profesional en el nuevo tribunal. Sin embargo, la comunidad observa con atención no solo las calificaciones académicas, sino también la trayectoria y la ética de los candidatos, dado el contexto de desconfianza hacia las instituciones en el país. La selección de estas figuras se enmarca dentro de un conjunto de reformas constitucionales y legales que buscan fortalecer el Sistema de Combate a la Corrupción en Quintana Roo.

El nuevo tribunal, que reemplaza al anterior Tribunal de Justicia Administrativa, es parte de una estrategia más amplia conocida como Política de Justicia Abierta y Anticorrupción. Esta reorganización administrativa es vista como una oportunidad para reintegrar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y administrativo del estado, aunque muchos se preguntan si estos cambios son suficientes para enfrentar los problemas arraigados de corrupción.

A medida que avanza el proceso de selección, la expectativa crece en torno a quiénes serán finalmente elegidos. La transparencia en este procedimiento es fundamental para garantizar que se elijan a personas competentes y comprometidas con la justicia, especialmente en un entorno donde la corrupción ha socavado la confianza pública.

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