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Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Cancún han decidido extender sus protestas contra la reciente reforma judicial, programando acciones de inconformidad hasta el 2 de octubre de 2024. Esta determinación fue anunciada por Isaac Chi Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, quien subrayó que, a pesar de un comunicado que indicaba el regreso a sus labores, se acordó mantener el paro para seguir manifestando su rechazo a las modificaciones legislativas.
Las manifestaciones han tenido un impacto notable, incluyendo una reciente protesta en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde los trabajadores se hicieron escuchar con consignas en contra de la reforma y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este acto, que comenzó a las 10 de la mañana, refleja la creciente frustración y descontento entre los empleados del Poder Judicial, quienes consideran que la reforma afecta negativamente su labor y autonomía.
Chi Flores mencionó que, a su regreso a las oficinas, se tramitarán amparos individuales para desafiar la reforma, descartando la opción de un amparo colectivo, al considerar que este último podría no tener el mismo impacto. La estrategia busca obtener la suspensión de los efectos de la reforma, una medida que resalta la seriedad de la oposición dentro del ámbito judicial.
El ambiente de tensión se intensifica en un contexto donde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha declarado el inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, que incluye la elección de nuevos ministros de la Suprema Corte. Este proceso podría influir en la percepción pública y en el futuro de la reforma judicial, ya que los nuevos representantes tendrán la responsabilidad de abordar las preocupaciones planteadas por los trabajadores.
El prolongado descontento en Cancún pone de relieve una crisis más amplia en la relación entre el gobierno y los sectores críticos de la administración pública. La capacidad de los trabajadores del Poder Judicial para movilizarse y hacerse escuchar podría ser un indicador de la fragilidad del apoyo hacia las reformas propuestas por el gobierno federal.
