La presidenta Sheinbaum celebra que el Plan B electoral ya es constitucional tras ser avalado por 20 estados. Se publicará pronto en el DOF.
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Durante la conferencia matutina de este 10 de abril de 2026, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo anunció un avance definitivo en la estructura democrática del país. La presidenta destacó que, tras la aprobación en las cámaras federales, 20 legislaturas estatales ya ratificaron las modificaciones a la Carta Magna. Por consiguiente, el Plan B electoral de Sheinbaum ha alcanzado el estatus de rango constitucional al superar el mínimo requerido por la ley. La titular del Ejecutivo celebró que esta reforma materializa la premisa de eliminar los privilegios dentro de la alta burocracia política. Actualmente, solo resta que el dictamen regrese al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación oficial.
La velocidad del proceso legislativo en las entidades federativas marcó un hito sin precedentes en la historia moderna de México. En un lapso de apenas 12 horas, 17 congresos estatales dieron su voto aprobatorio, cumpliendo con el requisito de validez constitucional de forma inmediata. La Cámara de Diputados aprobó inicialmente los cambios a los artículos 115, 116 y 134 durante la madrugada del jueves. Posteriormente, el estado de Veracruz emitió el voto número 17 al mediodía, consolidando la legalidad de la propuesta presidencial. De esta manera, el gobierno federal asegura la implementación de un nuevo modelo de austeridad en los organismos encargados de organizar los comicios.
Impacto del Plan B electoral de Sheinbaum en los estados
La reforma establece límites estrictos a los presupuestos de los congresos locales y redefine las remuneraciones en los organismos electorales. Además, el dictamen obliga a las autoridades a garantizar los principios de paridad de género y la igualdad sustantiva en los ayuntamientos. Gracias a estas modificaciones, el Estado mexicano proyecta un ahorro significativo de recursos que anteriormente se destinaban a gastos operativos excesivos. Las haciendas públicas locales podrán redirigir estos fondos hacia proyectos de infraestructura básica y programas de bienestar social de manera directa. Asimismo, la vigilancia sobre el uso del dinero público será más rigurosa a partir de la entrada en vigor de la ley.
Por otro lado, la presidenta enfatizó que el objetivo central consiste en devolver el poder de decisión al pueblo mediante instituciones más eficientes. El proceso de ratificación estatal continuará en las próximas horas, aunque el número actual ya garantiza que no hay marcha atrás. Mientras tanto, los partidos políticos y las autoridades electorales deberán ajustar sus reglamentos internos para alinearse con los nuevos mandatos constitucionales. La administración federal espera que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ocurra antes de que termine la semana. Este paso administrativo permitirá que las reglas del Plan B electoral de Sheinbaum comiencen a aplicarse en los siguientes ciclos de votación.
Austeridad republicana y fin de los privilegios políticos
La mandataria reiteró que esta reforma no solo busca un ahorro económico, sino una transformación ética en el servicio público nacional. Bajo el lema de “abajo los privilegios”, la normativa elimina beneficios discrecionales que gozaban funcionarios de alto nivel en el sistema electoral. Igualmente, se estandarizan los topes salariales para evitar que los sueldos en estas instituciones superen lo establecido por la ley de remuneraciones. Por esta razón, el apoyo masivo de los congresos estatales se interpreta como un respaldo sólido al proyecto de nación de la presidenta. El ejecutivo federal sostiene que una democracia menos costosa fortalece la confianza ciudadana en las instituciones representativas.
Del mismo modo, la reforma contempla mecanismos para modernizar la integración de los gobiernos municipales en todo el territorio mexicano. Los cambios constitucionales promueven una estructura administrativa más delgada que priorice la atención ciudadana sobre la burocracia interna. En consecuencia, el sistema electoral se prepara para una etapa de digitalización y simplificación de procesos que reduzcan los costos logísticos. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento puntual a la publicación del decreto para asegurar que todos los estados inicien la transición de manera coordinada. Con este avance, el gobierno de Sheinbaum consolida una de sus promesas de campaña más relevantes en materia de reforma del Estado.
Siguientes pasos legales para la implementación definitiva
Una vez que el Senado reciba el expediente de los congresos locales, se procederá a realizar el cómputo final de los votos estatales. Después de este trámite, el Congreso de la Unión emitirá la declaratoria oficial de reforma constitucional para enviarla al Ejecutivo. La presidenta confirmó que firmará el documento de inmediato para que el DOF lo difunda a nivel nacional este mismo mes. A partir de ese momento, entrarán en vigor los nuevos lineamientos que regirán la conducta financiera y operativa de las autoridades electorales. Es fundamental que la población conozca que estos cambios buscan optimizar el uso de sus impuestos para el desarrollo del país.
En conclusión, México atraviesa una reconfiguración de sus reglas democráticas bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta del país. El respaldo de 20 estados en tiempo récord demuestra una alineación política clara con los objetivos de austeridad de la federación. El Plan B electoral representa ahora una realidad jurídica que transformará la manera de hacer política en los 32 estados de la república. Seguiremos informando sobre las reacciones de los diversos actores sociales tras la publicación del decreto final en el diario oficial. La vigilancia del cumplimiento de estas nuevas leyes será una tarea compartida entre el gobierno y la sociedad civil organizada.
Seis logros del Plan B
Sheinbaum Pardo expuso los “6 grandes logros” del Plan B de la Reforma Electoral y son los siguientes:
- No reelección.
- No nepotismo.
- Reducción de recursos a Congresos estatales.
- Reducción de regidores.
- Se acabaron las pensiones doradas.
- Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales.
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