El Parlamento de Israel aprobó el uso de la pena de muerte por ahorcamiento en casos de asesinatos vinculados a actos terroristas
Israel. El Parlamento de Israel, conocido como la Knéset, ratificó este lunes una histórica y controversial reforma legal que instaura la pena de muerte por ahorcamiento para individuos hallados culpables de asesinato terrorista. Con una votación de 62 sufragios a favor frente a 48 en contra, el pleno legislativo determinó que esta medida sea obligatoria para los tribunales militares que operan en la Cisjordania ocupada, salvo en excepciones que aún no han sido detalladas. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, estuvo presente durante la sesión plenaria para respaldar con su voto esta iniciativa impulsada por el sector ultranacionalista que encabeza el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir; por consiguiente, el Estado retoma una práctica de ejecución que había permanecido prácticamente inactiva en su sistema judicial moderno.
Diferencias en la aplicación
La nueva normativa ha generado una ola de críticas internacionales debido a las discrepancias procesales que establece según la nacionalidad del imputado, ya que mientras a los palestinos se les aplicará con rigor, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes mantienen la facultad de conmutar la sentencia por cadena perpetua. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que esta distinción técnica podría derivar en una aplicación discriminatoria, además, el texto estipula condiciones más estrictas para imponer la máxima sanción a residentes judíos en comparación con los habitantes de territorios ocupados. De esta forma, el debate legislativo se extendió por más de diez horas consecutivas, marcadas por intervenciones profundamente emotivas y advertencias sobre las repercusiones diplomáticas que este cambio legal implica para la región.
Plazos y ejecución judicial
De acuerdo con los lineamientos aprobados, la ejecución del sentenciado deberá efectuarse en un periodo no mayor a 90 días naturales tras dictarse el fallo definitivo por parte del Servicio Penitenciario; asimismo, el reglamento especifica que el método será el ahorcamiento bajo una estricta supervisión oficial. La ley contempla protocolos rígidos sobre el aislamiento del recluso, restringiendo de manera severa el acceso de familiares y autoridades antes del cumplimiento de la condena, mientras tanto, potencias europeas como Francia, Alemania, Reino Unido e Italia han manifestado su rechazo rotundo. La Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa se sumaron a las protestas internacionales, argumentando que la pena de muerte por ahorcamiento contraviene los principios fundamentales de justicia y los tratados globales de protección humanitaria vigentes.
