Vecinos cuestionaron la desaparición exprés de las marcas viales asociadas a los parquímetros de Playa del Carmen frente al predio de la funcionaria
Playa del Carmen, QR. Personal de la empresa concesionaria Playaparq inmovilizó un vehículo propiedad de la regidora Josefina “Polaka” Muza Simón que se encontraba estacionado frente a su domicilio particular; por consiguiente, el incidente provocó una inmediata controversia pública en la colonia Zazil Ha de Playa del Carmen. La colocación del dispositivo de bloqueo en la unidad automotriz evidenció de forma repentina la reciente ampliación de las zonas de cobro en vialidades habitacionales de la demarcación. Sin embargo, en un lapso de pocas horas, el espacio de estacionamiento señalizado frente a la vivienda de la funcionaria resultó eliminado mediante la aplicación de pintura negra sobre el pavimento. Mientras tanto, las delimitaciones restrictivas implementadas por la compañía privada continúan operando de forma ordinaria en el resto de las viviendas de la misma cuadra.
Polémica por estacionamiento
Las inconformidades de los residentes locales exponen que la regidora afectada posee tres camionetas, resguardando habitualmente dos unidades dentro de su cochera privada y dejando la tercera en la vía pública. Tras la inmovilización del automóvil matutino, diversos sectores ciudadanos criticaron el posterior borrado exprés del cajón vial, cuya modificación benefició de manera exclusiva al perímetro habitacional de Muza Simón. Hasta el momento, las autoridades locales desconocen si la eliminación del espacio restrictivo fue ejecutada directamente por los trabajadores de Playaparq o por personal del ayuntamiento de Solidaridad. De esta forma, el caso ha despertado suspicacias sobre presuntos privilegios políticos frente a las normativas de tránsito que afectan diariamente a los automovilistas de la Riviera Maya.
Acciones sin consenso
La delimitación de los nuevos espacios de cobro en las inmediaciones de la avenida 10 se ejecutó sin contar con el visto bueno del gobierno municipal. Fuentes internas de la administración municipal ratificaron que, aunque las calles modificadas forman parte del polígono originalmente concesionado, la empresa mercantil tenía la obligación legal de consensuar previamente cualquier intervención con la Dirección de Movilidad y el departamento de Tránsito. Debido a esta falta de comunicación institucional, la ampliación de los dispositivos se cataloga como una medida unilateral y arbitraria por parte de los inversionistas. Asimismo, el regidor presidente de la Comisión de Movilidad, Javier Renán Santos Morales, admitió públicamente que ignoraba si los convenios de exclusión residencial seguían vigentes.
Antecedentes contractuales
El título de concesión que regula la operación de los parquímetros se aprobó durante la gestión de la exalcaldesa Cristina Torres, aunque los cobros formales iniciaron en el mandato de Laura Beristain. El acuerdo estipula que la empresa Playaparq debe otorgar un porcentaje financiero de contraprestación al municipio, además de operar un sistema público de bicicletas denominado Biciplaya. No obstante, dicho programa de movilidad alternativa fue retirado de las calles desde el pasado 31 de marzo, según consta en los registros informativos de las plataformas digitales oficiales. Por lo tanto, el incumplimiento de los servicios complementarios agrava el malestar social en torno a las operaciones del consorcio privado en el primer cuadro de la ciudad.
Justificaciones de la empresa
Los representantes de la compañía de parquímetros argumentaron previamente ante los regidores que la infraestructura vial de la avenida 10 redujo significativamente los espacios de estacionamiento que les correspondían por contrato. Por su parte, Playaparq emitió un comunicado aclaratorio en redes sociales donde especificó que las imágenes difundidas sobre la inmovilización del vehículo de la funcionaria correspondían en realidad a un procedimiento ordinario efectuado el 4 de mayo. De igual manera, la firma de parquímetros negó categóricamente la existencia de procedimientos jurídicos o administrativos sancionatorios iniciados en su contra por parte del ayuntamiento. En consecuencia, la disputa por la recuperación de los cajones perdidos mantendrá en constante tensión la relación entre las autoridades municipales y los concesionarios.
