El escándalo por lavado de dinero intensifica la disputa política en el fútbol argentino
Buenos Aires, Argentina. La Justicia federal argentina dictaminó este martes la intervención legal y el registro de las oficinas de la AFA y clubes de fútbol, debido a una pesquisa por presunto lavado de dinero. La investigación está vinculada directamente con la empresa financiera conocida como Sur Finanzas. El operativo, autorizado por el juez federal Luis Armella, incluyó allanamientos simultáneos en las sedes de diecisiete clubes, de los cuales siete pertenecen a la Primera División. Entre los equipos involucrados se encuentran Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central. Los registros también se extendieron a las oficinas de la Superliga y al predio de la selección argentina en Ezeiza.
Alcance del operativo y empresas investigadas
Además de los equipos de primera categoría, las autoridades judiciales también intervinieron instalaciones de clubes que militan en categorías de ascenso, incluyendo a Deportivo Morón, Dock Sud, Temperley, Los Andes, Excursionistas y Brown de Adrogué, entre otros. En total, la orden abarcó treinta y cinco domicilios distribuidos entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La investigación se focaliza en esclarecer la naturaleza de la relación financiera que mantenían los clubes con Sur Finanzas; asimismo, buscan determinar el papel de su dueño, el empresario Ariel Vallejos. La compañía Sur Finanzas fungió como patrocinador oficial de varias instituciones y torneos dentro del fútbol argentino.
Posturas de los clubes y contexto político
El club Racing aclaró públicamente que su nexo con la financiera se limitaba a un contrato de publicidad que está por vencer, específicamente el 31 de diciembre, aunque reconoció que la empresa mantiene deudas con el club. Por su parte, el equipo Excursionistas también deslindó cualquier responsabilidad, al afirmar que no posee ninguna relación de índole financiera o societaria con la firma que es objeto de investigación. La denuncia original fue presentada por la Dirección General Impositiva y es impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, quien también solicitó formalmente levantar el secreto fiscal de todas las instituciones deportivas implicadas.
Este caso se desarrolla en medio de un clima de alta tensión institucional entre el Gobierno de Javier Milei y la AFA, que está presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Algunos reportes periodísticos han vinculado indirectamente a Tapia con Sur Finanzas, lo que intensifica la polémica. Paralelamente, otro expediente judicial distinto investiga movimientos financieros de empresarios allegados al dirigente, alimentando así la disputa política e institucional que actualmente rodea al balompié argentino.
