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En respuesta a denuncias ciudadanas, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, ha ordenado la clausura de un desarrollo inmobiliario ilegal en un área natural protegida, ubicada entre Benito Juárez e Isla Mujeres, rumbo a Punta Sam. La acción fue llevada a cabo por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo (PPA) y la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento, destacando el compromiso de las autoridades por proteger los ecosistemas de la región.

Fernando Haro Salinas, titular de la PPA, explicó que el área en cuestión está clasificada como de densidad “0”, lo que prohíbe estrictamente cualquier tipo de construcción. La primera clausura se realizó el 6 de noviembre tras la constatación de relleno de manglares y el desmonte de vegetación, incluyendo especies clave como el mangle blanco, negro, botoncillo y rojo. Sin embargo, durante una inspección reciente el 21 de noviembre, se descubrió que los sellos de clausura habían sido violados y las actividades ilegales se habían reanudado.

La segunda clausura, ejecutada inmediatamente, implica sanciones administrativas y la posible suspensión definitiva del proyecto. Peralta enfatizó que la protección del medio ambiente es una prioridad para su administración, subrayando que el desarrollo urbano no puede realizarse a expensas de los recursos naturales. “Este es un claro ejemplo de que no permitiremos que nadie atente contra el medio ambiente”, declaró.

Haro Salinas agregó que estas violaciones representan un daño irreversible a los ecosistemas, afectando no solo a las especies protegidas, sino también a la calidad de vida de las futuras generaciones. Hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a la vigilancia y protección del entorno natural, denunciando cualquier actividad que ponga en riesgo los recursos locales.

Este incidente pone de relieve la creciente tensión entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental en Quintana Roo, un estado que enfrenta presiones significativas debido al turismo y la expansión inmobiliaria. La acción de clausura es un paso crucial, pero plantea la pregunta de si será suficiente para disuadir futuras violaciones en áreas tan vulnerables.

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