La propuesta de reforma fiscal fortalece al SAT. Conoce los nuevos cambios que endurecen las sanciones y amplían la vigilancia a plataformas digitales.

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La propuesta de reforma fiscal al Código Fiscal de la Federación (CFF), incluida en el paquete fiscal 2026 entregado al Congreso, busca transformar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una autoridad con mayores facultades. La Secretaría de Hacienda busca reforzar la fiscalización, ampliar la vigilancia sobre los contribuyentes y las plataformas digitales, y endurecer las sanciones penales para aquellos que evaden impuestos. Este mensaje, según el experto Guillermo Mendieta, es claro: el gobierno busca inhibir la evasión y promover una mayor disciplina fiscal en el país.

El SAT, con esta iniciativa, tendría un rango de acción mucho más amplio. Por ejemplo, accedería en tiempo real a las operaciones en plataformas digitales, como las de streaming y comercio electrónico, y también podría revisar cuentas en cualquier entidad financiera, no solo en bancos. Esto incluye cooperativas, casas de bolsa y otras instituciones financieras, con el fin de verificar la verdadera capacidad contributiva de los ciudadanos. Además, la propuesta incluye nuevas figuras de delitos fiscales y mayores penas de prisión para los evasores y quienes emiten facturas falsas.

Acceso total a cuentas financieras

Uno de los cambios más notables es la facultad del SAT para tener acceso permanente y en tiempo real a la información de las plataformas digitales. Si estas empresas incumplen, la autoridad podrá bloquear temporalmente sus servicios. A ello se suma la ampliación de su capacidad de verificar cuentas en cualquier entidad financiera, eliminando la referencia exclusiva a “estados de cuenta bancarios”. Este cambio responde a la evolución del sistema financiero tras la Ley Fintech de 2018. Los contribuyentes pueden tener recursos en Sofipos o cooperativas, por lo que el SAT busca cerrar ese vacío legal para revisar la capacidad real de pago. Sin embargo, este acceso se limitará a los supuestos definidos por la ley.

La batalla contra factureras y contrabando

La iniciativa refuerza las atribuciones del SAT para restringir temporalmente el certificado de sello digital a empresas con deudas fiscales o con prácticas indebidas en hidrocarburos y comercio exterior. Sin este sello, los contribuyentes no pueden emitir facturas, lo que prácticamente paraliza sus operaciones. También se propone un nuevo procedimiento de visita domiciliaria para detectar y sancionar a los emisores de CFDI falsos de manera más rápida. El proceso completo duraría un máximo de 24 días. El objetivo es cortar de raíz a las “empresas de papel” y evitar que un socio cierre una compañía irregular y abra otra al día siguiente, ya que se faculta al SAT para negar la inscripción al RFC a personas morales cuyos socios o representantes hayan participado en empresas con irregularidades.

Endurecimiento penal

El paquete fiscal 2026 también incluye un endurecimiento del marco penal. Se propone un nuevo delito por falsedad en declaraciones o documentos fiscales, con penas de 3 a 6 años de prisión, buscando así frenar el abuso de amparos y recursos legales que retrasan el pago de impuestos. Además, se amplían los supuestos de contrabando con penas más severas, de 5 a 8 años de cárcel. La propuesta redefine el concepto de comprobante fiscal falso para incluir aquellos que amparan operaciones inexistentes, permitiendo al SAT suspender de inmediato la capacidad de emitir facturas. Los receptores de estas facturas tendrán 30 días para corregir la situación.

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