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A tan solo 12 horas de una manifestación organizada por habitantes y turistas en Bacalar, el Ejército Mexicano ha reanudado los trabajos de construcción en la zona costera de la Laguna de Bacalar. Esta obra, llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha generado una creciente indignación entre la comunidad, que exige la cancelación del proyecto debido a la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y a los daños irreversibles que aseguran se están causando al ecosistema.

Los manifestantes, que han expresado su preocupación por la construcción, han denunciado que cerca de tres mil metros cuadrados han sido compactados en la orilla de la laguna, lo que, según ellos, ha causado un daño irreversible. Sandro Ciccarelli, un empresario italiano y organizador de la protesta, subrayó la importancia de proteger el entorno natural, afirmando que “no permitiríamos algo así junto al Coliseo de Roma o las pirámides de Chichén Itzá; no debería permitirse aquí”.

A pesar de los reclamos, las obras continúan avanzando rápidamente, incluyendo la edificación de una barda de cuatro metros de altura que bloquea la vista de la laguna. La presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, María de Jesús Rodríguez, ha calificado la situación como un “ecocidio” y una “afrenta a nuestra identidad y riqueza natural”.

El ingeniero ambiental José Roch ha señalado que cualquier proyecto en la zona costera requiere una MIA, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Hasta el momento, no ha habido una evaluación pública del proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que ha llevado a la comunidad a iniciar procesos legales y convocar a una nueva manifestación el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Los residentes de Bacalar están decididos a luchar por la transparencia y la protección de su entorno, así como por el respeto a su patrimonio cultural. La construcción, que podría afectar al histórico Fuerte de San Felipe, también ha generado preocupaciones sobre el cumplimiento de las normativas que protegen los sitios de interés histórico y cultural en la región, lo que eleva aún más la urgencia de una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

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