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La tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las gigantes navieras Carnival y Norwegian ha escalado debido a la implementación de un nuevo impuesto al derecho marítimo (DM) de 21 dólares por crucerista, programado para entrar en vigor en julio. Este gravamen ha desatado una ola de amenazas por parte de las empresas, que advierten sobre la posible retirada de frecuencias y la cancelación de viajes a destinos mexicanos.

Josh Weinstein, CEO de Carnival, expresó en una carta dirigida a la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, que este impuesto incrementará los costos para los pasajeros, quienes ya pagan por visitar México. Weinstein argumenta que la medida hará que los puertos mexicanos pierdan competitividad en el mercado internacional. La empresa señala que la Ley de Ingresos, aprobada en diciembre, no fue considerada en sus tarifas, ya que para 2025 tenían más del 80% de las reservaciones vendidas y ya están iniciando con las de 2026.

Harry Sommer, CEO de Norwegian Cruise, también manifestó su descontento en una misiva a Rodríguez, indicando que la compañía modificará sus itinerarios y desistirá de la expansión planeada para México si el impuesto se implementa. Además, Norwegian cancelaría sus planes de atracar en el puerto de Acapulco a partir de mayo, una medida que podría tener repercusiones significativas en la economía local.

La naviera Princess ya ha anunciado la eliminación de 18 frecuencias a México entre 2026 y 2027 debido al impuesto de derecho marítimo. Esto implica que el barco Majestic reducirá 33 llegadas a Cozumel y Mahahual, lo que podría afectar gravemente el turismo en estas regiones. Michele Paige, directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA), ha expresado su confianza en la gestión de la gobernadora Mara Lezama para evitar el cobro del impuesto, destacando la receptividad de Lezama y su compromiso de transmitir la importancia de recuperar el estado de tránsito a la presidenta mexicana.

La situación pone en jaque la relación entre el gobierno mexicano y las navieras internacionales, con un futuro incierto para el turismo marítimo en el país. La implementación del impuesto podría tener consecuencias duraderas en la economía local y en la percepción de México como destino turístico competitivo.

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