Cancún, Quintana Roo.— La próxima entrada en vigor de la Ley Silla genera expectación en el sector de servicios. Esta normativa, aprobada en diciembre pasado por la Cámara de Senadores, busca garantizar el derecho al descanso para trabajadores que laboran de pie. En una entrevista exclusiva para Agenda QR, la periodista Maricarmen Vélez conversó con el Dr. Rafael Ortega Ramírez, vocero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servitur) en Cancún. La conversación profundizó en la Ley Silla, su implementación y las implicaciones para los negocios.
Un derecho laboral necesario
El Dr. Rafael Ortega Ramírez calificó la Ley Silla como una necesidad justa para los colaboradores. Reconoció que muchos trabajos, como cajeros o guardias de seguridad, exigen permanecer de pie por largos periodos, lo cual merma el rendimiento y la calidad laboral. La ley establece el derecho a periodos de descanso de al menos 30 minutos y a tener acceso a una silla, siempre que la naturaleza del trabajo lo permita.
La Canaco Servitur visualiza esta ley como una posibilidad positiva para mejorar la productividad y el bienestar del personal. Aunque el sector empresarial no considera su implementación onerosa, dado que no exige sillas especializadas, sí subraya la importancia de un cumplimiento equilibrado que no descuide las operaciones diarias. La ley entra en vigor en México el 17 de junio, afectando directamente a Quintana Roo.
Multas y preocupaciones empresariales
La Ley Silla contempla multas para quienes incumplan la normativa. Las sanciones varían entre 250 y 2,500 UMAs, lo que el vocero de Canaco considera “exagerado” y hasta “ridículo” en algunos casos. Ortega Ramírez expresó una preocupación generalizada por la falta de sensibilidad de las autoridades al establecer sanciones tan elevadas, que a menudo se aplican en su límite máximo.
El sector empresarial, que se levanta temprano y trabaja arduamente, se siente constantemente bajo presión por multas y castigos. Argumentan que son los principales generadores de empleo y que las autoridades no siempre toman en cuenta sus esfuerzos, priorizando solo “quedar bien” con ciertas legislaciones sin un consenso real.
Consenso y desafíos para el empresariado
La Canaco Servitur busca llevar estas inquietudes a la mesa de análisis. Se espera que en la próxima convocatoria de la Secretaría de Trabajo, programada para el 7 de julio, se discutan las amonestaciones y multas, buscando un marco más equitativo. Sin embargo, el Dr. Ortega Ramírez manifestó escepticismo, señalando que las autoridades a menudo ya tienen sus planes definidos y son reacias a escuchar las sugerencias de los organismos intermedios como las cámaras.
Se refirió a la situación como una obligación de consulta, más que una verdadera apertura al diálogo. Resaltó que el 98% de los negocios en México son micro, pequeños o medianos. Estos generan más del 70% del empleo a nivel nacional. Por ello, la imposición de leyes sin consenso podría provocar el cierre de más negocios, afectando directamente la creación de puestos de trabajo. Es vital encontrar un punto medio para la prosperidad económica.
