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En un desarrollo significativo en la investigación sobre el Rancho Izaguirre, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha transferido toda la información relacionada con este caso a la Fiscalía General de la República (FGR) el 20 de marzo de 2025. Este traspaso se da en medio de un ambiente de creciente preocupación por los hallazgos en el predio, donde se localizaron más de 1,300 prendas de vestir, calzado, maletas y restos óseos, elementos que han levantado serias dudas sobre las circunstancias que rodean este lugar.

El rancho, ubicado en Teuchitlán, fue el escenario de un operativo de la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, que resultó en la detención de diez personas y el descubrimiento de un cadáver cubierto con plástico. Según el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, este lugar habría sido utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de adiestramiento y crematorio, aunque el cártel ha rechazado cualquier conexión con las actividades del rancho.

La entrega de la carpeta de investigación a la FGR busca que esta última asuma el liderazgo en la indagatoria, dada la falta de avances significativos por parte de la Fiscalía de Jalisco. La dependencia estatal ha subrayado su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, pero se han planteado críticas sobre la manera en que se llevaron a cabo las investigaciones iniciales. Observadores han señalado que no se realizó un rastreo adecuado de indicios ni un registro exhaustivo de los objetos encontrados.

Además, se reportó que los vehículos hallados en el rancho no fueron procesados correctamente y no se ordenó la identificación de huellas dactilares, lo que podría obstaculizar el avance de la investigación. La falta de intervención inmediata de la FGR en delitos relacionados con armas de alto calibre también ha sido un punto de controversia, generando dudas sobre la capacidad de las autoridades locales para manejar un caso de tal magnitud.

Este caso no solo resalta las deficiencias en los procesos de investigación, sino que también pone de manifiesto la compleja relación entre las autoridades y el crimen organizado en México. A medida que la FGR toma las riendas del caso, la sociedad espera respuestas claras y efectivas sobre los sucesos en el Rancho Izaguirre, un lugar que ha quedado marcado por la tragedia y la impunidad.

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