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En una decisión crucial, el Juzgado Primero de Distrito ubicado en Chetumal resolverá el juicio de amparo indirecto presentado por el Gran Consejo Maya contra la falta de consulta a los pueblos mayas para las obras del Tren Maya y el proyecto Puerta al Mar.

La demanda, que fue ampliada el año pasado, alega que no se consultó debidamente a las comunidades indígenas afectadas en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas antes de proceder con la planificación, construcción y operación del Tren Maya. Los quejosos argumentan que esto viola el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y compromete la integridad de sus tierras y territorios.

El citado órgano jurisdiccional reasumió competencia sobre este caso tras una disputa de jurisdicción. Hasta ahora, el juicio no ha obtenido ninguna suspensión, pero presenta características especiales al estar relacionado con el controversial Tren Maya, cuyas demandas han sido mayormente resueltas por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán.

El Gran Consejo Maya, como parte querellante, alega específicamente la “abstención de realizar la Consulta Indígena” antes de avanzar con este megaproyecto de infraestructura que atraviesa diversos territorios mayas. La decisión del juez federal en Chetumal tendrá un impacto significativo en el futuro del Tren Maya.

Con esta nueva etapa legal, se espera que se escuche y atienda debidamente a las comunidades indígenas afectadas, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos originarios. El fallo del juzgado federal determinará si el gobierno federal deberá rehacer el proceso de consulta o enfrentar mayores obstáculos en la ejecución del controversial proyecto del Tren Maya.