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El 4 de octubre de 2024, en un acto de protesta sin precedentes, campesinos de la comunidad de Trapich, en Felipe Carrillo Puerto, retuvieron un vehículo del funcionario de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) para exigir la pavimentación del camino de acceso a su localidad. Este hecho refleja la frustración de los habitantes ante la inacción de las autoridades estatales, quienes han postergado una solución a sus demandas de infraestructura durante años.

Faustino Poot Huchim, comisariado ejidal de la comunidad, expresó su indignación tras la reciente visita de funcionarios estatales que, a pesar de escuchar sus quejas, no lograron ofrecer respuestas satisfactorias. Según Poot Huchim, los representantes del gobierno aseguraron que el proyecto de pavimentación de más de cuatro kilómetros de camino rural ya estaba listo y que se esperaba su aprobación en un futuro cercano. Sin embargo, los habitantes señalaron que esta no es la primera vez que las autoridades realizan promesas vacías.

El comisariado indicó que, de ser aprobado el proyecto, la pavimentación podría comenzar en marzo o abril del próximo año, pero la falta de un plan concreto ha suscitado desconfianza. La situación se complica aún más al recordar que Christian David Briceño Pérez, encargado de vinculación institucional, había prometido anteriormente visitar el poblado para recopilar datos y medir el terreno, compromiso que, según los campesinos, no se cumplió.

La retención del vehículo de la SEOP se presenta como una medida de presión ante un historial de promesas incumplidas por parte de las autoridades. Los campesinos, cansados de esperar tras décadas de abandono, exigen que su voz sea escuchada y que las obras necesarias se inicien sin más dilaciones. La comunidad de Trapich se encuentra en una encrucijada, donde la falta de infraestructura adecuada afecta no solo su calidad de vida, sino también su desarrollo económico.

La situación en Felipe Carrillo Puerto pone de manifiesto un problema más amplio en la gestión pública: la desconexión entre los funcionarios y las necesidades de las comunidades rurales. A medida que las demandas crecen, la presión sobre las autoridades estatales para actuar de manera efectiva se intensifica.

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