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El sector hotelero de Quintana Roo ha intensificado sus esfuerzos para solicitar al Congreso local una reforma que regule las operaciones de plataformas de alquiler como Airbnb, siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México. Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos en Bacalar, busca limitar el uso de inmuebles de interés social en el mercado de alquiler turístico, argumentando que estas prácticas generan competencia desleal y contribuyen a la gentrificación en áreas donde residen trabajadores.

Según Gael Martínez Peña, vocero de la asociación, la proliferación de unidades Airbnb ha afectado significativamente a las empresas que ofrecen empleo formal en la región. Actualmente, se estima que cerca de 50,000 unidades operan bajo esta modalidad en Quintana Roo, de las cuales un 30% se localizan en fraccionamientos de interés social. La propuesta de reforma pretende prohibir que estas propiedades sean utilizadas para alquileres turísticos, lo que limitó las opciones para propietarios de viviendas de bajo costo.

La reforma también incluye restricciones adicionales, como la limitación a solo el 50% de días de operación al año para las unidades Airbnb. Aquellos que no cumplan con esta norma podrían enfrentar sanciones económicas y la clausura de sus propiedades. Estas medidas se presentan como una respuesta a la creciente ocupación de las unidades Airbnb, que en destinos como Cancún, Tulum y Playa del Carmen suelen estar ocupadas un 70% del tiempo.

En años anteriores, intentos de regular el uso de Airbnb en Quintana Roo no han prosperado. La XVII Legislatura había propuesto limitar las operaciones de estas plataformas en zonas de alto riesgo y fraccionamientos populares, pero la iniciativa no logró avanzar. La presión del sector hotelero parece haber resurgido con más fuerza en este contexto, donde la competencia por el turismo se intensifica cada año.

La situación refleja un conflicto más amplio en la economía del turismo en el Caribe mexicano. A medida que el sector hotelero busca proteger sus intereses, la regulación de plataformas de alquiler a corto plazo se convierte en un tema candente que podría redefinir la dinámica del mercado turístico en la región.