La Suprema Corte confirmó la validez del crédito fiscal Hacienda que la exlideresa sindical intentó impugnar
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado de manera definitiva la sentencia que obliga a Elba Esther Gordillo Morales a liquidar una deuda fiscal superior a los 19 millones de pesos. La resolución judicial confirma que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación incurrió en la omisión del Impuesto Sobre la Renta durante los periodos fiscales de 2008 y 2009. A pesar de que la defensa de la exlideresa intentó impugnar el cobro mediante diversos recursos legales, el máximo tribunal del país determinó que el crédito fiscal Hacienda determinado es plenamente válido. El monto exacto que la contribuyente deberá enterar a las arcas públicas asciende a 19 millones 269 mil 323 pesos, cerrando así un largo proceso de litigio administrativo.
Recursos legales desestimados
La exdirigente sindical solicitó originalmente que el máximo tribunal atrajera su caso bajo el argumento de que diversas normativas del Código Fiscal de la Federación vulneraban sus derechos fundamentales. Según su equipo jurídico, las disposiciones vigentes en la Ley del ISR y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente atentaban contra su garantía de audiencia y el acceso efectivo a la justicia. No obstante, tras analizar los agravios presentados, los ministros consideraron que no existían elementos de inconstitucionalidad que permitieran revocar el crédito fiscal Hacienda ya establecido. De esta forma, las instituciones judiciales reafirmaron la legalidad de los procedimientos utilizados por la autoridad hacendaria para identificar las irregularidades en las declaraciones de la exlideresa sindical.
Resolución final de la Corte
El veredicto final se derivó del proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso declarar como fundado el recurso de reclamación que había interpuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con el respaldo de esta ponencia, la Corte dejó sin efecto las pretensiones de la demandante y dio firmeza a la obligación de pago relacionada con los ejercicios fiscales señalados anteriormente. Al quedar firme la validez del crédito fiscal Hacienda, no existen más instancias de apelación para evitar el desembolso del capital omitido. Este fallo representa un precedente significativo en la fiscalización de figuras públicas, subrayando que las obligaciones tributarias deben cumplirse conforme a derecho, independientemente de los cargos o la influencia política de los contribuyentes involucrados.
