Una investigación revela que el salón de belleza del Senado costó 136 mil pesos en mobiliario de lujo mientras operaba de forma clandestina.

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CIUDAD DE MÉXICO.— El Senado de la República destinó un presupuesto de 136 mil pesos para equipar un salón de belleza que operó de forma clandestina. Este espacio funcionó desde septiembre de 2024 en el segundo piso del edificio conocido como Hemiciclo. Una persona ajena a la nómina de la institución coordinaba las actividades de dicha estética mediante vínculos con senadoras de Morena.

Ignacio Mier, actual presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció recientemente el cierre definitivo de estas instalaciones irregulares. El legislador morenista afirmó inicialmente que el mobiliario utilizado pertenecía a inventarios antiguos con un valor menor a los 37 mil pesos. No obstante, diversos registros oficiales de bienes muebles contradicen esta versión sobre el costo real del equipo adquirido.

Irregularidades en el salón de belleza del Senado

Documentos de la Relación de Bienes Muebles de 2024 y 2025 confirman gastos específicos para la puesta en marcha del establecimiento. Durante la gestión de Adán Augusto López en la Jucopo, la Cámara alta adquirió equipo especializado de alto costo. Entre las compras destacan dos sillas para estética con un valor individual de 15 mil 381 pesos para el uso legislativo.

El inventario detalla la adquisición de un lavacabezas con sistema de masaje eléctrico que costó 48 mil 569 pesos al erario público. También resalta la compra de dos tocadores de la marca Dorian, los cuales tuvieron un precio unitario de 28 mil 333 pesos. Estas cifras demuestran que el salón de belleza del Senado recibió una inversión considerable a pesar de su naturaleza oculta.

Historia del salón de belleza del Senado

La existencia de mobiliario para belleza en el recinto legislativo no es un tema completamente nuevo para la administración administrativa. En junio de 2019, meses después de una orden de cierre previa, el inventario ya reportaba tres sillones de vinil negro. Aquellos muebles sumaban un total de 27 mil 840 pesos, junto con un tocador con espejo de 8 mil 468 pesos.

Sin embargo, las adquisiciones realizadas en el último cuatrimestre de 2024 elevaron drásticamente el valor del patrimonio destinado a este fin. La suma del equipo antiguo y las nuevas compras alcanza los 136 mil pesos reportados en las investigaciones actuales. El uso de estos recursos por una particular externa genera cuestionamientos sobre el control de los bienes nacionales.

Debate sobre seguridad y jueces sin rostro

En otro orden de ideas, el Senado analiza actualmente la regulación de los denominados jueces sin rostro en el marco legal mexicano. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que esta figura debe apegarse estrictamente a los parámetros internacionales de derechos humanos. Los juzgadores solicitan medidas de protección urgentes ante las amenazas constantes y el acoso del crimen organizado en el país.

El legislador enfatizó que México no puede legislar sin atender las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente. Evitar contradicciones con los tratados internacionales es una prioridad para la Comisión de Justicia durante este periodo de sesiones ordinarias. La meta es equilibrar la seguridad de los impartidores de justicia con el respeto al debido proceso legal.

Compromisos internacionales y reforma judicial

La mesa de discusión sobre esta reforma legal busca regularizar una figura introducida previamente en la reforma al Poder Judicial vigente. Corral subrayó que el Senado de la República mantendrá la coherencia frente al orden internacional en todas sus decisiones legislativas futuras. Las autoridades parlamentarias esperan concluir el análisis técnico para presentar un dictamen que garantice la integridad de los jueces mexicanos.

Mientras tanto, el caso de la estética clandestina permanece bajo la lupa pública por el posible uso indebido de recursos institucionales. La transparencia en el manejo de los bienes muebles será fundamental para deslindar responsabilidades entre los funcionarios involucrados en el gasto. La sociedad civil exige claridad sobre por qué una persona externa operaba con mobiliario oficial dentro de las instalaciones federales.

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