Un juez federal frena la extradición de dos objetivos prioritarios vinculados a la cúpula del Cártel de Sinaloa detenidos en Jalisco
Jalisco. Un juzgado federal determinó frenar, por el momento, cualquier intento de expulsión o entrega inmediata a las autoridades de Estados Unidos de Mario Lindoro Elenes y su hijo, Mario Alfredo Lindoro Navidad. Ambos sujetos, identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, permanecen bajo custodia tras su captura en diciembre pasado. La resolución judicial responde a un juicio de amparo promovido por los señalados, quienes manifestaron su temor a ser trasladados al país vecino sin que se agoten los procedimientos legales en México. Por consiguiente, un juez federal frena la extradición de estos individuos, garantizando que permanezcan en territorio nacional mientras se analiza el fondo de sus reclamos jurídicos.
Estatus jurídico y operativo
Los detenidos, conocidos por los alias de “Niño” y “El 7”, se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México. Su detención se efectuó mediante operativos coordinados por el Ejército y fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, donde se confiscaron narcóticos, armamento de uso exclusivo y vehículos de gama alta. Durante este proceso, se les vinculó a proceso por lavado de dinero y delitos contra la salud, acusaciones que se mantienen independientes a sus vínculos familiares con la estructura criminal. Asimismo, el tribunal otorgó una suspensión de plano, lo cual imposibilita su entrega incluso si existiera una petición formal previa por parte del gobierno estadounidense.
Competencia y proceso legal
A pesar de haber concedido la medida cautelar, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Jalisco se declaró incompetente para continuar con el seguimiento del caso debido a cuestiones territoriales. De esta forma, dado que los imputados están internos en un penal del Estado de México, la responsabilidad de resolver el juicio de amparo recaerá en otro órgano jurisdiccional competente. Mientras tanto, la decisión de que un juez federal frena la extradición asegura que se respete el debido proceso y los derechos fundamentales de los procesados durante el litigio. Sin embargo, esta resolución no implica una cancelación definitiva del trámite internacional, sino una pausa estratégica mientras los tribunales mexicanos evalúan si la solicitud extranjera cumple con los requisitos estipulados en los tratados bilaterales vigentes este 2026.
