Rosa Icela Rodríguez anuncia el fin de la huelga de Cananea. El Plan Integral de Justicia incluye 2,222 mdp para mineros y el río Sonora.
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció oficialmente el fin de la huelga de Cananea en el estado de Sonora. Este conflicto laboral representaba uno de los movimientos de resistencia más largos registrados en la historia moderna de México. Gracias a la firma de un convenio integral, los trabajadores y las viudas de los operarios accederán finalmente a la seguridad social.
Inversión millonaria para el Plan Integral de Justicia
El Gobierno de México destinará una inversión de 2,222 millones de pesos para ejecutar el Plan Integral de Justicia en la región. Estos recursos financiarán la atención directa a los mineros y la remediación de los daños ambientales provocados en el río Sonora. Por consiguiente, la administración busca resarcir las afectaciones sociales y ecológicas que persistieron durante casi dos décadas de abandono institucional.
Participación financiera de Grupo México y Gobiernos
La estructura del fondo de recursos cuenta con una aportación mayoritaria del 70% por parte de la empresa Grupo México. Específicamente, la compañía minera entregará 1,500 millones de pesos como parte del acuerdo alcanzado con las autoridades federales. Además, el Gobierno Federal aporta 483.6 millones de pesos, mientras que el estado de Sonora contribuye con 180 millones adicionales al Plan Integral de Justicia.
Justicia social para los mineros de la Sección 65
El gobernador Alfonso Durazo reconoció la voluntad política de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver este grave conflicto social heredado. Los mineros de la Sección 65 de Cananea recuperarán sus derechos laborales tras años de incertidumbre y lucha constante. Por esta razón, el convenio incluye beneficios específicos que garantizan una vida digna para las familias que dependen de la actividad minera.
Remediación ambiental del río Sonora
Una parte fundamental del presupuesto se enfocará en la limpieza y recuperación del río Sonora debido a la contaminación histórica. El plan contempla acciones de justicia ambiental para devolver la salud al ecosistema local y proteger a las comunidades aledañas. Así, el Gobierno de la Transformación busca cerrar un capítulo de impunidad ambiental que afectó a miles de sonorenses durante años.
Un hecho histórico para la política laboral mexicana
Rosa Icela Rodríguez calificó este acuerdo como un hecho histórico que superó diversas resistencias políticas y empresariales iniciales. La cooperación entre los involucrados permitió alcanzar una resolución justa que prioriza el bienestar de la clase trabajadora sobre los intereses particulares. De esta manera, el Plan Integral de Justicia marca un precedente en la mediación de conflictos laborales de alta complejidad en el país.
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