El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023-2024, presentado por el World Justice Project (WJP) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), revela un estancamiento generalizado en el cumplimiento legal del país. Los resultados evidencian que Quintana Roo se encuentra en la posición más baja de la escala nacional. Urge mejorar el estado de derecho en el Caribe mexicano.
Por Agenda QR.- El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2023-2024 posiciona a Quintana Roo en el último peldaño a nivel nacional, señalando una preocupante inmovilidad en el avance hacia un marco legal robusto. Este informe, elaborado por el World Justice Project (WJP) en colaboración con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), destaca el estancamiento de las 32 entidades en el respeto al marco legal. El concepto de estado de derecho se refleja en múltiples aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. Se observa en el acceso a servicios de salud, la equidad de trato, la seguridad pública, la libertad de expresión y la administración de justicia. Es crucial mejorar el estado de derecho para elevar la calidad de vida de los habitantes, por consiguiente, el IEDMX sirve como barómetro esencial.
Los resultados de esta evaluación, que abarca el periodo 2023-2024, arrojan puntuaciones sumamente bajas para las entidades peor calificadas. Los estados que alcanzaron los puntajes más altos fueron Querétaro, con 0.49, seguido por Guanajuato y Aguascalientes, ambos con 0.47. Por otra parte, las entidades con los rendimientos más deficientes son el Estado de México y Morelos, ambos con 0.35, mientras que Quintana Roo se ubicó en el fondo de la tabla con apenas 0.36 puntos. El Índice de Estado de Derecho en México estructura su análisis a través de ocho factores esenciales. Estos incluyen los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal.
Debilidades en la justicia
Tras seis ediciones consecutivas del informe, los datos revelan diversas tendencias persistentes en el país. La mayoría de las entidades ha mostrado una contracción preocupante en la participación ciudadana. Dicha participación resulta fundamental para que la sociedad pueda incidir efectivamente en la formulación de las políticas públicas. Además, la seguridad se mantiene como uno de los mayores desafíos en el territorio. Se registran elevadas tasas de homicidios, así como una alta incidencia y prevalencia delictiva, a pesar de una mejora importante en la percepción que las personas tienen sobre la seguridad. Sin embargo, se detecta un fortalecimiento en la garantía de los derechos laborales, al observarse incrementos en los puntajes de 19 estados. No obstante, los retos en el sistema de justicia penal persisten, sobre todo tras el debilitamiento en la garantía del debido proceso.
Factores críticos en el Caribe
Los resultados de la edición más reciente demuestran que los avances en materia de estado de derecho son marginales en todo el país. Todas las entidades federativas continúan por debajo de la mitad de la calificación ideal. Enfrentan grandes retos para cimentar un estado de derecho sólido, especialmente en lo relativo a la seguridad y la justicia penal. En el caso específico de Quintana Roo, el puntaje obtenido en “orden y seguridad” fue de 0.33, un factor que mide la percepción, la ausencia de homicidios y la victimización. En “cumplimiento regulatorio”, que evalúa la implementación justa de normativas ambientales, laborales, comerciales y de salud pública, la entidad alcanzó apenas 0.29 puntos.
El indicador de “ausencia de corrupción” en Quintana Roo es de solo 0.30, una calificación idéntica a la obtenida en el rubro de “justicia penal”. La “justicia civil” logra únicamente 0.32 puntos. La ausencia de corrupción gubernamental implica la erradicación de sobornos, la influencia inapropiada de intereses privados o públicos y la apropiación indebida de fondos públicos. En este aspecto, los servidores públicos del Poder Ejecutivo resultan peor calificados que sus pares del Poder Judicial. Los puntajes más bajos corresponden a quienes trabajan en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, junto con el Poder Legislativo. La justicia penal, por su parte, exhibe un notorio estancamiento. El promedio de este factor continúa siendo uno de los más bajos, con 0.37, pese a los incrementos marginales en 16 estados. El aspecto con la calificación más baja sigue siendo la ineficacia de las investigaciones realizadas por la Policía y los Ministerios Públicos, cuyo promedio general es de 0.21, lo que se traduce en una “cifra negra” elevada, la cual cuantifica los delitos no denunciados. Por todas estas razones, es vital mejorar el estado de derecho urgentemente.
