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En su informe más reciente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que los 26 criminales entregados a Estados Unidos mantenían activas sus operaciones delictivas desde centros penitenciarios en México. García Harfuch explicó que los individuos utilizaban las visitas familiares para coordinar extorsiones, secuestros y tráfico de drogas, a pesar de estar encarcelados. Su capacidad para seguir delinquiendo se debía a amparos y resoluciones del Poder Judicial que les impedían ser trasladados a prisiones de alta seguridad.
El secretario García Harfuch detalló que los criminales aprovechaban sus encuentros con familiares para mantener sus redes activas, amenazar a funcionarios y perpetuar la corrupción. Estos delincuentes, según García Harfuch, contaban con amparos que les permitían permanecer en cárceles de baja seguridad, lo que incrementaba el riesgo de que continuaran con sus actividades criminales e, incluso, buscaran una liberación anticipada.
Amparos y resoluciones del Poder Judicial
Omar García Harfuch señaló directamente al Poder Judicial por otorgar amparos y resoluciones que permitían a estos criminales seguir operando. Estas decisiones, según el secretario, “facilitaban su traslado a penales estatales menos vigilados”, lo que representaba un riesgo para la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada.
Condiciones de la entrega a EE. UU.
García Harfuch aclaró que, al igual que los 29 delincuentes entregados en febrero pasado, ninguno de los 26 criminales recién trasladados a Estados Unidos podrá enfrentar la pena de muerte. Los 26 individuos fueron enviados a diferentes lugares:
- Cinco llegaron a San Diego, California.
- Seis a Phoenix, Arizona.
- Ocho a White Plains, Nueva York.
- Uno a John F. Kennedy, Nueva York.
- Seis a Dulles, Virginia.
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