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Cancún, Quintana Roo, 23 de julio de 2024 – Una profunda preocupación se cierne sobre el sistema de justicia de Quintana Roo, donde más de 2,300 personas permanecen encarceladas sin haber recibido una sentencia definitiva, según los datos más recientes. Esta situación, que representa el 65.1% de la población carcelaria del estado, ha sido objeto de intensos debates y cuestionamientos sobre la compatibilidad de ciertas prácticas con los estándares internacionales de derechos humanos.

De las 3,666 personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de Quintana Roo, 1,634 se encuentran bajo la figura de “prisión preventiva oficiosa”, una medida que fue declarada incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos en 2023. Otros 652 están en prisión preventiva justificada, mientras que 101 se encuentran bajo otros supuestos jurídicos.

Además, 201 personas tienen una sentencia no definitiva y solo 1,078 cuentan con una sentencia definitiva. Estas cifras ponen de manifiesto las deficiencias en el sistema de justicia del estado, donde los procesos judiciales sufren importantes retrasos y, en muchos casos, no se respetan los derechos fundamentales de los acusados.

Las autoridades argumentan que la prisión preventiva justificada tiene como objetivo evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia. Sin embargo, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que se impone de manera automática en ciertos delitos, ha sido cuestionada por organismos internacionales y nacionales debido a su posible incompatibilidad con los estándares de derechos humanos.

Se espera que el debate sobre la constitucionalidad de esta figura jurídica sea retomado una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reanude sus actividades después de las vacaciones. Mientras tanto, miles de personas en Quintana Roo permanecen en prisión sin haber sido juzgadas, una situación que pone en tela de juicio la eficacia y el respeto por el Estado de Derecho en la región.