A menos de un mes de la primera elección judicial federal en México, la contienda se ve empañada por la controversia. Un total de 34 candidatos a juzgadores han sido impugnados por presuntamente no cumplir con los requisitos constitucionales. Las denuncias señalan desde vínculos con el crimen organizado hasta falta de buena fama pública y calificaciones académicas insuficientes.
Irregularidades detectadas
Ciudadanos, organizaciones sociales y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados han presentado las impugnaciones en esta elección judicial. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran nexos con el crimen organizado y antecedentes penales. También se cuestiona que algunos aspirantes no alcancen el promedio mínimo de 8 en sus estudios.
Casos destacados
El caso de Francisco Herrera Franco, candidato a juez de Distrito en Michoacán, resalta por acumular múltiples denuncias. Se le acusa de carecer de buena fama pública y de tener vínculos con actividades ilícitas. Otros candidatos señalados son José Humberto Padilla y Fernando Escamilla, aspirantes a juez penal en Nuevo León, y Andrés Montoya, candidato a magistrado en Sonora.
Fallas en la evaluación
Las impugnaciones evidencian fallas en los Comités de Evaluación, encargados de garantizar la idoneidad de los perfiles. De los 34 candidatos impugnados, 12 pasaron por el Comité del Poder Legislativo, 10 por el del Poder Ejecutivo y tres por el del Poder Judicial. Este último no pudo realizar una revisión exhaustiva debido a una orden judicial.
Acusaciones graves
Un total de 26 candidatos están acusados de tener relación con el crimen organizado o procesos judiciales en su contra. Los ocho restantes no cumplen con el requisito de la calificación mínima. Las acusaciones incluyen señalamientos directos de vínculos con cárteles y de haber favorecido a criminales en sus fallos.
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