Denuncian autoritarismo en la cárcel de Chetumal tras orden de rapar a internos. La nueva directora tiene antecedentes de investigación federal.
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El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, autorizó recientemente un intercambio de directivos en los centros penitenciarios del estado. Esta decisión administrativa trasladó a Jetzael Elena Martínez Cisneros desde el penal de Cozumel hacia la dirección de la cárcel de Chetumal. Por su parte, el antiguo director de la capital, Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, asumió el mando de la institución en la isla. El movimiento se realizó de forma hermética y sin emitir comunicados oficiales hacia la opinión pública sobre los motivos del cambio. Las familias de los internos manifiestan su rechazo ante lo que consideran una estrategia que ignora las quejas previas por constantes abusos.
Medidas polémicas marcan el inicio de la nueva gestión
Apenas asumió el cargo en la capital, la nueva directora implementó una serie de reglas que muchos sectores califican como puro autoritarismo. Martínez Cisneros ordenó de manera obligatoria que todos los internos del centro penitenciario de Chetumal deben raparse la cabeza por igual. Los custodios recibieron instrucciones de aplicar castigos severos contra cualquier recluso que se atreva a cuestionar o rechazar esta nueva disposición estética. Diversos organismos de derechos humanos señalan que estas acciones vulneran directamente la dignidad personal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La medida carece de una justificación médica o de higiene que sustente legalmente la imposición de este corte de cabello forzado.
Antecedentes y cuestionamientos sobre el perfil de la funcionaria
Lo que más preocupa a los defensores de las garantías individuales no es solo la orden actual, sino el pasado administrativo de la funcionaria. Existen reportes sobre su desempeño previo en un penal federal, de donde salió tras investigaciones por el fallecimiento de dos internos bajo su mando. A pesar de estos antecedentes, el sistema de seguridad estatal decidió mantenerla en funciones dentro de los centros de reinserción de Quintana Roo. Este tipo de nombramientos genera desconfianza entre los ciudadanos que exigen perfiles limpios para dirigir las instituciones de seguridad pública estatal. El reciclaje de mandos con historial dudoso parece ser una práctica recurrente que impide una verdadera reforma en el sistema penitenciario regional.
Violaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal
La imposición de rapar a la población carcelaria contradice los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en años recientes. Según el marco jurídico vigente, obligar a una persona a perder su cabello representa un trato cruel y degradante que afecta su integridad. La Ley Nacional de Ejecución Penal garantiza que las personas privadas de la libertad conserven sus derechos fundamentales más allá de su sentencia judicial. En los centros federales, el rapado es un protocolo exclusivo para el ingreso, pero la directora decidió aplicarlo de forma generalizada e indiscriminada. Este ejercicio de autoritarismo ignora los avances logrados en materia de reinserción social y respeto a la imagen propia de los ciudadanos internos.
Falta de transparencia en la seguridad pública estatal
El proceso de enroque directivo ocurrió a puerta cerrada, evitando el escrutinio de las organizaciones civiles y de las comisiones de derechos humanos. Esta opacidad administrativa fomenta un ambiente donde el abuso de autoridad puede florecer sin que existan mecanismos reales de rendición de cuentas. Las familias de los presos en Chetumal temen que esta nueva administración incremente la violencia interna mediante tácticas de control psicológico y físico. La seguridad pública requiere de procesos transparentes que aseguren que los jefes penitenciarios cumplan con los estándares éticos y legales requeridos. Mientras tanto, el sistema carcelario de la entidad sigue enfrentando críticas por la falta de atención a las denuncias de corrupción y malos tratos.
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