Señalamientos de violencia doméstica, activismo partidista y omisiones procesales ponen en duda la independencia de la reciente reforma judicial en el estado.
Por Agenda QR.– El recién conformado Poder Judicial de Quintana Roo atraviesa su primera crisis de confianza. El polémico proceso de selección por planillas generó un sistema donde diversos integrantes hoy enfrentan duros cuestionamientos. Los críticos señalan conductas que vulneran los principios de imparcialidad y ética pública.
Activistas y juristas advierten un retroceso en el acceso a la justicia. Aseguran que la llegada de los “jueces del Bienestar” subordina el derecho a intereses partidistas. El desempeño de estos funcionarios ha encendido las alarmas en toda la entidad.
El caso de Jonathan Yong y la violencia de género
La integridad del cuerpo judicial recibió un golpe directo por las denuncias contra Jonathan Yong. El funcionario enfrenta señalamientos por un presunto episodio de violencia doméstica en Cancún. El suceso ocurrió en el fraccionamiento Residencial Palmaris y generó indignación inmediata.
Este caso trasciende lo personal y plantea un conflicto ético de fondo. Un juzgador acusado de vulnerar derechos humanos ejerce en un estado con altos índices de violencia de género. Los sectores críticos ven aquí una protección institucional que prioriza la lealtad grupal sobre la ley.
Politización de la toga: militancia en el estrado del Poder Judicial
La independencia judicial sufre una erosión visible con casos como el de la jueza Erika Castillo. Su participación activa en eventos de Morena despierta dudas sobre su objetividad. Esta cercanía con el partido en el poder alimenta la percepción de una justicia capturada por cuotas políticas.
Por otro lado, la jueza Zeidy Stefanny Díaz de la Cruz enfrenta críticas por obstaculizar el debido proceso. La activista Fabiola Cortés denunció que la juzgadora frenó órdenes de aprehensión en casos de alto impacto. Entre ellos destaca el fraude de la empresa Xoanxum en Playa del Carmen. El ascenso de Díaz de la Cruz es visto como un triunfo de la lógica de planilla sobre el mérito.
El rigor procesal frente a la discrecionalidad
El magistrado Omar Landeros Rosado también está bajo la lupa tras confirmar resoluciones polémicas. El juzgador avaló la exclusión de pruebas bajo criterios no contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Especialistas tachan estos fallos de restrictivos y ajenos al derecho de fondo.
Esta práctica judicial ocurre ante la aparente inacción del Tribunal de Disciplina Judicial. El organismo, integrado por Elizabeth Moreno Rejón, Nelsy Lucely Trejo Puc y Marco Antonio Torre Constantino, mantiene silencio. Esta falta de supervisión deja a los ciudadanos indefensos ante posibles arbitrariedades de los nuevos magistrados.
Un sistema de elección bajo sospecha
El origen del problema radica en el mecanismo de planillas cerradas que impulsaron los tres poderes del estado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) observó falta de certeza en este método. Sin embargo, el proceso continuó y permitió la llegada de perfiles vinculados a Morena y el PVEM.
Esta configuración institucional amenaza la función de contrapeso del Poder Judicial. Los tribunales corren el riesgo de convertirse en una simple extensión del poder político. La acumulación de escándalos refuerza hoy el descrédito de la justicia en Quintana Roo.
