Siete consejeros alertan sobre una crisis en el INE al desconocer la validez técnica de los informes entregados por la presidencia
Ciudad de México. Una fractura institucional de proporciones considerables emergió este martes en el Instituto Nacional Electoral, luego de que siete integrantes del Consejo General se deslindaran formalmente de un expediente enviado al Senado de la República. La controversia se originó cuando la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, remitió a la Cámara Alta una serie de observaciones técnicas relacionadas con la reforma electoral denominada “Plan B” sin el consenso previo de sus colegas. Mediante un pronunciamiento conjunto, la mayoría de los consejeros manifestó su total desconocimiento sobre la procedencia y la entrega de dicha información, enfatizando que tales planteamientos carecen de validez oficial. En consecuencia, la crisis en el INE evidencia una falta de cohesión interna que pone en duda la legitimidad de las comunicaciones dirigidas al Poder Legislativo en momentos de definiciones políticas trascendentales para el país.
Falta de consenso
El grupo de consejeros disidentes, integrado por Arturo Castillo, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, calificó el acto de Taddei como una iniciativa de carácter estrictamente personal. Los firmantes señalaron con firmeza que el órgano colegiado no ha sesionado ni aprobado propuesta alguna que refleje la visión técnica global de la institución frente a las modificaciones normativas propuestas. Esta crisis en el INE sugiere que la presidencia del organismo pudo haber actuado al margen de los protocolos de transparencia y colaboración que rigen la máxima autoridad electoral de México. Por lo tanto, el documento entregado a los senadores ha sido catalogado como un material “fantasma” que no posee el respaldo jurídico ni técnico necesario para influir en el debate parlamentario actual.
Postura institucional fracturada
A través de su comunicado a la opinión pública, los siete funcionarios electorales reiteraron que desconocen las circunstancias bajo las cuales se realizó el envío de las observaciones a los legisladores federales. La crisis en el INE se profundiza al advertir que cualquier aportación del instituto hacia una eventual reforma debe canalizarse a través de las vías institucionales correctas y discutirse abiertamente en la mesa del Consejo. Asimismo, subrayaron que la experiencia técnica de los especialistas electorales es un recurso valioso, pero su entrega no debe estar supeditada a decisiones unilaterales que ignoren la naturaleza colegiada del organismo. Mientras tanto, el Senado de la República ha recibido un material cuya representatividad ha sido desautorizada por la mayoría de quienes deberían haberlo validado en primera instancia.
Riesgos para la reforma
La incertidumbre generada por este choque de visiones internas complica el panorama para las negociaciones legislativas sobre el sistema democrático nacional, ya que no existe una interlocución unificada desde el órgano electoral. La crisis en el INE obliga a replantear la validez de los insumos técnicos que se utilizan para justificar cambios en las leyes de la materia, especialmente cuando provienen de la presidencia sin el aval del pleno. A pesar de la tensión, los consejeros manifestaron su disposición para colaborar en el futuro, siempre y cuando se respeten los mecanismos de diálogo interno y se garantice que cada postura refleje la voluntad del Consejo General. De esta forma, el deslinde público funciona como una medida de protección ante posibles interpretaciones erróneas sobre el posicionamiento del instituto frente a los retos de la competencia política en 2026.
