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La Presidencia de la República ha dado un paso decisivo en la agenda de cambios estructurales, publicando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la conformación de la Comisión para la reforma electoral. Esta nueva entidad dependerá directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien la presidirá. La presidenta también tiene la facultad de designar a una persona para que asuma la Presidencia Ejecutiva de la comisión, garantizando así un liderazgo directo y cercano a su administración.
Quiénes integran la comisión
La Comisión para la reforma electoral está conformada por un grupo de funcionarios de alto nivel, todos cercanos a la presidenta. La lista incluye a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores, y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Estos miembros podrán nombrar a un suplente permanente, de nivel mínimo de director general, para cubrir sus ausencias.
Funciones y atribuciones de la comisión
Las funciones de la comisión son variadas y estratégicas. Podrá convocar a la ciudadanía para que se exprese sobre la reforma electoral y realizará estudios detallados sobre el tema. También llevará a cabo análisis necesarios y elaborará propuestas concretas. Además, la comisión puede establecer los grupos de trabajo que considere necesarios para cumplir con sus funciones y elaborar su propio reglamento interno. Así, esta nueva instancia tendrá la libertad de estructurar sus operaciones para ser más eficiente y productiva.
Participación de la sociedad civil y academia
A pesar de que el grupo central está integrado por funcionarios federales, la comisión abre un espacio para la participación externa. Podrá invitar a representantes de diversas dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, la academia y la sociedad civil. Estas personas tendrán derecho a voz, lo que les permitirá aportar sus conocimientos y perspectivas en el debate. Sin embargo, no tendrán derecho a voto, lo que asegura que las decisiones finales recaigan en los miembros designados por la presidencia.
Vigencia y presupuesto
El decreto establece que la comisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, o hasta que la presidenta Sheinbaum determine su disolución. La comisión deberá instalarse en un plazo de diez días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto. Respecto a su financiamiento, cualquier erogación se cubrirá con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso de las dependencias que la integran.
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