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En un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las mujeres, colectivos feministas en Playa del Carmen han emitido un comunicado dirigido a la gobernadora Mara Lezama y a la presidenta municipal Estefanía Mercado, exigiendo garantías para la protección de las mujeres durante la marcha programada para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el documento, los grupos subrayan la necesidad de manifestarse sin temor a represalias ni violencia institucional.
La exigencia de seguridad se convierte en un tema central, ya que los colectivos han señalado que no tolerarán ningún tipo de represión, hostigamiento o detenciones arbitrarias contra las participantes. “Nos dirigimos a ustedes como autoridades responsables del estado y del municipio, y las hacemos directamente responsables de nuestra seguridad”, afirma el comunicado. Esta declaración resalta la urgencia de que las autoridades garanticen un entorno seguro para quienes alzan la voz en favor de sus derechos.
Además, los grupos han manifestado su rechazo a la presencia de cuerpos de seguridad con equipo antimotines durante la protesta, argumentando que tales medidas solo generan un ambiente de miedo y criminalizan el derecho a la manifestación. También han criticado la reciente reforma al artículo 182 del Código del Estado, que busca tipificar la alteración del “orden público”, considerándola una violación de los derechos humanos y un retroceso en la defensa de las libertades fundamentales.
La marcha del 8M en Playa del Carmen se espera que atraiga a un gran número de participantes, quienes se unirán para exigir justicia y reconocer las luchas históricas de las mujeres. Activistas han hecho un llamado a la sociedad para que se mantenga alerta y apoye sus demandas, destacando que la seguridad y los derechos de las mujeres deben ser una prioridad para las autoridades locales.
A medida que se acerca la fecha de la marcha, la presión sobre las autoridades aumenta, y se pone en juego la capacidad del gobierno para garantizar no solo un espacio seguro para la protesta, sino también la protección de los derechos de las mujeres en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un problema crítico en Quintana Roo.
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