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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar las leyes de Hacienda de tres municipios de Quintana Roo, que establecen cobros desproporcionados por diversos servicios públicos.

Se trata de los municipios de Benito Juárez, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, cuyas leyes fueron aprobadas por el Congreso local y entraron en vigor el 21 de diciembre de 2023, según se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

La CNDH considera que estas leyes violan el principio de proporcionalidad tributaria, ya que las tarifas no corresponden a los costos reales de los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto se cobra mil 85 pesos por una simple búsqueda de documentos en el Registro Civil, y la misma cantidad por la certificación de las copias.

En Benito Juárez, el cobro es menor, pero también elevado: 132 pesos por búsqueda de documentos en la Tesorería y 66 pesos en el Registro Civil, más 33 pesos por cada copia certificada. En Tulum, se impone el derecho de alumbrado público sobre el 5% del consumo de energía eléctrica de cada usuario, lo que genera una desigualdad entre los contribuyentes.

La CNDH argumenta que estos cobros afectan el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el derecho a una vida digna de los habitantes de estos municipios. Por ello, solicita a la SCJN que declare la nulidad de los artículos impugnados y ordene la restitución de lo pagado indebidamente.

La SCJN tendrá que analizar la demanda de la CNDH y resolver si procede o no en las próximas semanas.