Campeche, Camp.— El histórico diario “Tribuna” de Campeche ha cerrado sus puertas. Luego de 50 años de informar a los habitantes de la entidad, su versión digital dejó de operar el pasado 13 de junio. Este cierre del Diario Tribuna Campeche obedece a un resolutivo judicial. Una jueza falló a favor de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
Origen del conflicto y acusaciones legales
La clausura se produce tras un juicio que se prolongó por dos años y siete meses. La gobernadora Sansores denunció a Organización Editorial del Sureste. Esta empresa es la editora de Tribuna. También acusó a su ex director, Jorge Luis González Valdez, y al administrador, Isidro Yerbes. Los cargos imputados fueron incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias.
La querella fue secundada por Marcela Muñoz Martínez. Ella es la secretaria estatal de Protección y Seguridad Ciudadana. Presentó los mismos cargos contra los involucrados. Además, Walther Patrón Bacab, vocero del Gobierno del Estado, demandó a Tribuna y a González Valdez por daño moral. Él se quejó de que el periódico publicó información que afectó su honor.
Patrón Bacab fue acusado de ser prestanombres de Gerardo Sánchez Sansores; él es sobrino de la hoy gobernadora. También se le señaló de haber recibido contratos durante la administración de Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón. La denuncia fue presentada en la Fiscalía de la Ciudad de México por Lía Limón. Ella sustituyó a Sansores San Román como alcaldesa. La diputada local de la CDMX, Tania Larios, respaldó la denuncia. Mostró facturas que prueban contratos por al menos tres millones de pesos.
Repercusiones del cierre Tribuna y condenas judiciales
A pesar de que Tribuna solamente reprodujo información difundida por agencias noticiosas de la capital del país, la jueza de lo civil Maribel del Carmen Beltrán Valladares condenó al ex director. Dictaminó que González Valdez y el periódico debían pagar dos millones de pesos como indemnización. Su sentencia se basó en que ni el periodista ni el medio “corroboraron la veracidad de la información”.
En contra de González Valdez y de Tribuna, la gobernadora Sansores también presentó demandas por violencia política en razón de género. El Instituto Electoral del Estado le concedió la razón. Esta decisión fue ratificada posteriormente por el Tribunal Electoral Estatal. Juzgados, el Ministerio Público y autoridades electorales han emitido medidas cautelares contra González Valdez. Estas le exigen dejar de ejercer “violencia de género” contra la gobernadora y su secretaria de Seguridad. Asimismo, emitieron una “medida de protección” a favor de ambas. Así, en su ejercicio periodístico no podrá referirse a ellas ni mencionarlas.
González Valdez, de 71 años, impugnó esas medidas. Continuó con su ejercicio periodístico como analista del programa semanal Expediente. Este se transmitía por la plataforma de Telemar, puesto que se había jubilado como director de Tribuna desde el año 2017. El 9 de abril pasado, policías estatales lo detuvieron con exceso de violencia. Fue por presuntas “faltas a la autoridad” y lesiones contra un elemento. El periodista, que padece problemas del corazón, fue golpeado. Sangraba visiblemente de una oreja por las lesiones. Permaneció arrestado 48 horas y luego fue liberado sin cargos.
Finalmente, el pasado viernes 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada lo vinculó a proceso. Fue por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia y le prohibió ejercer el periodismo por dos años. Además, ordenó el cierre del Diario Tribuna Campeche en su plataforma digital por ese mismo lapso. El diario ya no salía en papel desde el 18 de enero de 2024. También vinculó a proceso al administrador de la página, Isidro Yerbes.
Asimismo, una jueza civil ordenó embargar el predio propiedad de González Valdez. Esto es para garantizar el pago de los dos millones de pesos que reclama Walther Patrón Bacab. Él es el vocero de la gobernadora, por el “daño moral” causado. También ordenó información sobre los vehículos del periodista para la misma sanción.
Libertad de expresión y respuesta oficial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Manuel Enrique Minet Marrero, evitó opinar sobre el resolutivo. Sin embargo, expuso que están en una fase inicial del proceso. Aclaró que las medidas cautelares impuestas no son definitivas. El cierre de la investigación se fijó para dos meses, aproximadamente para agosto. En ese momento se tomará la decisión final. Las partes tienen medios de defensa, como la apelación o el amparo. Por consiguiente, no es una decisión absoluta.
Minet Marrero subrayó la “línea muy delgada entre la expresión del periodismo y los ataques personales”. Valorarán las medidas cautelares. No son decisiones definitivas. “Tendríamos que llegar a la sentencia para ver qué se va a definir por el tribunal de enjuiciamiento”. Sobre este caso, la gobernadora Layda Sansores negó que se trate de un ataque a la libertad de expresión o un caso de censura. Acusó al periodista que trabajó en el Diario Tribuna Campeche de atacarla con insultos. Le han dicho “gorda, anciana, fea, ‘mamá de Chucky'”. Estos calificativos, según ella, no son libertad de expresión. Ella los considera “libertad de agresión”.
