El informe internacional destaca que la desaparición de personas afecta desproporcionadamente a migrantes, mujeres y menores de edad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación de México como una grave crisis de derechos humanos, al considerar que la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, indiscriminado e impune. Durante la presentación de un informe especial este lunes, la vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak, subrayó que el problema continúa agravándose debido a la falta de resultados judiciales; por consiguiente, el país cerró el análisis con cifras alarmantes que superan los 133 mil registros oficiales, lo que evidencia un panorama crítico en materia de seguridad y justicia.
Factores de riesgo y criminalidad
El documento de la CIDH vincula directamente esta problemática con la expansión de los mercados ilegales del crimen organizado y la preocupante complicidad de algunos elementos de seguridad estatales. Se advierte que el universo de víctimas es diverso; sin embargo, destacan perfiles vulnerables como menores de edad reclutados por grupos delictivos, mujeres víctimas de explotación sexual y migrantes sometidos a trabajo forzado. De esta forma, el organismo internacional señala que la desaparición de personas en territorio mexicano no se limita a una entidad, aunque registra concentraciones críticas en estados como Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
Emergencia forense y de identificación
A la par de las ausencias, el informe destaca una emergencia en la identificación humana, pues se estima que existen aproximadamente 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin nombre ni origen conocido. A pesar de que México ha creado instituciones como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la efectividad de estas herramientas resulta sumamente limitada. Asimismo, persiste un déficit de confianza entre las familias buscadoras y las fiscalías. Esta ruptura institucional se debe a que las autoridades suelen transferir la responsabilidad de la investigación a los parientes, quienes enfrentan riesgos constantes al realizar labores de localización de forma independiente.
Desafíos en justicia y memoria
Para revertir la desaparición de personas, la CIDH emitió 40 recomendaciones que exigen al Estado mexicano adoptar medidas extraordinarias para reorganizar la conducción de las diligencias ministeriales. El organismo reconoció que existe una regulación penal robusta; no obstante, los casos que llegan ante un juez suelen tramitarse con demoras excesivas e inconsistencias que favorecen la impunidad. Por lo tanto, resulta imperativo fortalecer los centros de identificación con un enfoque masivo y garantizar políticas de memoria que protejan a periodistas y defensores de derechos humanos que hoy son blanco de agresiones por denunciar estos abusos.
