Policías cumplieron con el arresto inicial en el caso de la diputada, antes de que el ministerio ordenara su libertad
Estado de México. Una atmósfera de profunda indignación prevalece en los municipios de Coacalco y Tlalnepantla tras la liberación de la diputada Graciela Argueta Bello, perteneciente a la bancada de Morena, quien fue señalada por intentar obstruir la labor de la justicia. La legisladora intervino activamente para evitar la captura de dos individuos acusados de extorsión, quienes presuntamente amedrentaron a la propietaria de un establecimiento de autolavado ostentándose como integrantes de células delictivas. A pesar de que los hechos fueron captados por dispositivos de videovigilancia, la autoridad ministerial determinó no iniciar una carpeta de investigación formal, permitiendo que tanto la funcionaria como los sospechosos abandonaran las instalaciones judiciales. Este polémico caso de la diputada ha desatado críticas severas hacia el sistema de procuración de justicia en el Estado de México debido a la aparente impunidad procesal.
Confrontación en operativo
El incidente escaló cuando elementos de la policía municipal interceptaron a los presuntos extorsionadores en las inmediaciones de una tienda de conveniencia tras recibir un reporte de auxilio ciudadano. En ese instante, Argueta Bello se identificó como servidora pública con el objetivo de intimidar a los uniformados, advirtiéndoles que perderían sus empleos si procedían con el arresto de sus acompañantes. No obstante, los oficiales mantuvieron su postura institucional y trasladaron a los involucrados hacia la Fiscalía estatal, mientras testigos presenciales grababan la escena y confrontaban verbalmente a la legisladora por su comportamiento. El caso de la diputada se volvió viral rápidamente, evidenciando el uso de influencias políticas para intentar doblegar a los cuerpos de seguridad locales en pleno cumplimiento de sus funciones.
Fallo del ministerio
Al llegar a las oficinas de la representación social, el ministro Jorge Valencia Martínez desestimó los señalamientos directos de las víctimas y las evidencias gráficas presentadas por los primeros respondientes de la policía. La decisión de otorgar la libertad inmediata a los tres implicados se calificó como un retroceso en el combate a la delincuencia organizada, ya que los sujetos utilizaban el alias de “la maña” para extorsionar comercios. Por consiguiente, los mandos policiales expresaron su frustración ante la falta de respaldo judicial, señalando que el caso de la diputada sienta un precedente negativo para la seguridad pública en la región. Mientras tanto, la ciudadanía exige una revisión exhaustiva de la actuación del funcionario ministerial, quien ignoró la flagrancia y los testimonios de quienes fueron víctimas del intento de cobro de piso.
Exigencia de justicia
Las grabaciones del momento de la detención revelan el hartazgo social, escuchándose voces que demandan que la funcionaria acredite su cargo y responda ante la ley como cualquier otro ciudadano bajo sospecha de complicidad. La omisión de la Fiscalía estatal para procesar el intento de extorsión ha dejado en una situación de vulnerabilidad a los dueños del autolavado, quienes temen represalias tras la liberación de los agresores. De esta manera, el caso de la diputada pone bajo la lupa la transparencia en el ejercicio del poder legislativo y la autonomía de los órganos de justicia frente a intereses partidistas. En conclusión, el episodio subraya la urgente necesidad de mecanismos que impidan el uso del fuero o la posición política para encubrir actos ilícitos que afectan directamente la economía y la paz de las familias mexiquenses.
