La Coparmex propone reformas legislativas para mitigar la incertidumbre que hoy afecta la confianza para invertir tras el fallo de la Corte
Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana ha manifestado su profunda preocupación ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual otorga facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para inmovilizar activos bancarios sin requerir la aprobación de un juez. El organismo empresarial sostiene que esta medida debilita la certidumbre jurídica, puesto que permite la restricción de recursos económicos de ciudadanos y compañías bajo criterios que carecen de controles judiciales previos. Según el comunicado emitido por el sindicato patronal, esta determinación vulnera principios fundamentales establecidos en la Constitución y tratados internacionales, lo que genera un clima de incertidumbre que afecta la confianza para invertir. Por consiguiente, el sector privado advierte que la posibilidad de sufrir afectaciones patrimoniales sin reglas plenamente delimitadas representa un retroceso para el Estado de derecho en México, impactando directamente en la estabilidad económica nacional.
Impacto en la certeza jurídica
La resolución, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, valida modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, permitiendo bloqueos ante “indicios suficientes” de actos ilícitos. Los empresarios argumentan que este esquema transgrede la presunción de inocencia, ya que impone una sanción administrativa de facto antes de que se demuestre cualquier responsabilidad legal en un juicio. Asimismo, se ha señalado que en el marco de la competencia global y el T-MEC, la falta de protección de los activos eleva la percepción de riesgo país, desincentivando la llegada de capitales extranjeros. Es imperativo considerar que si la autoridad puede confiscar fondos sin supervisión externa, la confianza para invertir y afecta el crecimiento se verán mermados ante la vulnerabilidad de las cuentas operativas de las corporaciones.
Riesgo para las MiPyMEs
El impacto de este fallo judicial resulta particularmente severo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman más del 99% de las unidades económicas y operan con flujos de efectivo diarios sumamente ajustados. A diferencia de los grandes consorcios, estos negocios carecen de reservas financieras para soportar litigios prolongados; por lo tanto, un bloqueo precautorio podría paralizar el pago de salarios y compromisos con proveedores. De esta forma, COPARMEX ha instado al Poder Legislativo a establecer mecanismos de control que incluyan una validación judicial en un plazo máximo de seis horas para evitar el uso discrecional de estas facultades. Garantizar la seguridad de los recursos es vital, pues la arbitrariedad en el manejo del sistema financiero afecta la confianza para invertir de quienes generan la mayoría de los empleos en el territorio mexicano.
