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Chetumal, Quintana Roo— A partir del 3 de septiembre de 2024, los operadores de transporte colectivo en Chetumal han implementado un aumento en sus tarifas sin la debida autorización del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo). Este incremento, que ha tomado por sorpresa a los usuarios, responde a la escalada en los costos de insumos, como el combustible y el mantenimiento de los vehículos.

Los transportistas, Jesús y Efraín, argumentan que algunos insumos han visto aumentos de hasta el 409 por ciento en sus precios. Por ejemplo, el costo del mantenimiento de un motor se ha elevado a aproximadamente 850 pesos, mientras que el litro de aceite ha alcanzado los 80 pesos. Además, el precio de la gasolina en la región ha llegado a los 24 pesos por litro, lo que ha llevado a los operadores a justificar la necesidad de aumentar las tarifas tras cuatro años sin ajustes a pesar de la inflación nacional.

Sin embargo, este incremento ha generado un fuerte descontento entre los usuarios del servicio. Lucía, una usuaria frecuente, expresó que el aumento representa un golpe significativo a su economía familiar, ya que varios miembros de su hogar dependen del transporte colectivo para sus desplazamientos diarios. La falta de una comunicación clara y la ausencia de autorización por parte de Imoveqroo han contribuido a la frustración de los ciudadanos, quienes sienten que no se ha considerado su situación económica.

Hasta el momento, un total de 88 operadores han aplicado este aumento en Chetumal y sus alrededores. Pese a las quejas, Imoveqroo no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el asunto, lo que ha intensificado la percepción de desorganización y falta de control en el sector del transporte público en la región. La falta de medidas por parte de las autoridades para regular esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia de la gestión de movilidad en Quintana Roo.

Con este aumento no autorizado, los usuarios se enfrentan a un dilema: aceptar un cambio que afecta su presupuesto familiar o buscar alternativas en un sistema de transporte que ya enfrenta retos significativos. La comunidad espera una respuesta de las autoridades que garantice una regulación adecuada y que proteja los derechos de los usuarios en un contexto de creciente presión económica.