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Chetumal, Quintana Roo— En un contexto de creciente preocupación por la seguridad digital, Quintana Roo ha registrado un asombroso incremento del 300% en los delitos cibernéticos durante 2023, según el reciente Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (Cnspf) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este aumento ha colocado a la entidad entre las quince con más denuncias a nivel nacional, con un total de 929 querellas atendidas por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.

El informe revela que los delitos más comunes incluyen extorsión, fraude a comercios, amenazas y robo de contraseñas. En particular, las extorsiones alcanzaron las 156 denuncias, mientras que los fraudes al comercio sumaron 154. Este alarmante aumento contrasta drásticamente con la situación de 2022, cuando Quintana Roo ocupaba uno de los últimos lugares en el país con apenas 204 denuncias. En ese entonces, la entidad se encontraba entre los estados con menos incidentes cibernéticos, junto a Aguascalientes y Colima.

La notable escalada en los delitos cibernéticos refleja una tendencia preocupante en un estado que ha visto un auge en la actividad turística y comercial. A medida que más personas y empresas dependen de plataformas digitales, la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos se amplía. Las autoridades locales y federales deben hacer frente a este fenómeno y reforzar las medidas de prevención y respuesta ante incidentes digitales, que van desde el grooming hasta la suplantación de identidad.

En comparación, estados como el Estado de México y la Ciudad de México reportaron cifras aún más alarmantes, con 7,240 y 5,376 denuncias respectivamente. A pesar de su menor población, Quintana Roo ha demostrado ser un blanco atractivo para los delincuentes cibernéticos, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades.

La Policía Cibernética en México se enfoca en prevenir y combatir delitos que se cometen a través de medios digitales; sin embargo, la creciente incidencia de estos delitos sugiere que se necesita una estrategia más robusta y efectiva. La comunidad espera que se implementen medidas concretas para abordar esta crisis y proteger a los ciudadanos en un entorno cada vez más digitalizado.