El sobrecosto en rieles y la falta de letreros normativos son parte de las anomalías que la Auditoría Superior advirtió mala planeación en el Istmo
Ciudad de México. La Auditoría Superior de la Federación emitió alertas críticas sobre la gestión del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec antes de que ocurriera la tragedia en Nizanda, Oaxaca. Durante las evaluaciones de las Cuentas Públicas de 2020 y 2023, el órgano fiscalizador detectó que la Auditoría Superior advirtió mala planeación técnica en áreas geográficamente complejas. El siniestro, que resultó en el fallecimiento de 13 personas y dejó a otras 98 con lesiones, tuvo lugar precisamente en un tramo curvo con dificultades orográficas conocidas. A pesar de estas observaciones tempranas, las deficiencias en la rehabilitación de la infraestructura ferroviaria persistieron sin las correcciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. Por consiguiente, los informes señalan una cadena de negligencias administrativas que precedieron al descarrilamiento masivo en territorio oaxaqueño.
Irregularidades financieras detectadas
El análisis financiero de los contratos de obra reveló un posible quebranto patrimonial a las arcas públicas que supera los 33.5 millones de pesos mexicanos. Entre las anomalías más recurrentes se encuentran pagos por conceptos que nunca se ejecutaron, así como la supuesta contratación de personal que resultó ser inexistente. Además, la Auditoría Superior advirtió mala planeación al documentar que se adquirieron rieles con especificaciones de peso superiores a los que realmente fueron colocados en las vías. Esta disparidad técnica generó un sobrecosto injustificado de 4 millones de pesos, ya que se facturó material de 136 lb/yd mientras se instalaba uno de solo 115 lb/yd. Asimismo, las autoridades no pudieron acreditar la existencia de letreros normativos de obra, lo cual representa un daño patrimonial adicional por 418 mil 800 pesos.
Anticipos y obras fantasma
Un punto particularmente sensible de la investigación radica en la entrega de recursos millonarios sin que existiera un avance físico proporcional en los proyectos de construcción. Específicamente, en el segmento que conecta Ubero con Mogoñé, se otorgó un adelanto de 187.9 millones de pesos que representaba el 20% del valor total del contrato. No obstante, las revisiones físicas demostraron que las labores no habían comenzado al momento de la entrega del capital, careciendo también de facturas que respaldaran la compra de materiales esenciales. De esta forma, el manejo discrecional de los fondos públicos comprometió la integridad estructural del proyecto estratégico de conectividad en el istmo. Por lo tanto, la falta de supervisión adecuada permitió que las irregularidades se acumularan hasta comprometer la viabilidad operativa del sistema de transporte.
Consecuencias de la negligencia
La persistencia de contratos inflados y la falta de transparencia en la documentación técnica sugieren una gestión deficiente de los riesgos asociados a esta obra pública de gran escala. Diversas pruebas fotográficas ausentes y denuncias inexistentes ante el Ministerio Público complican la justificación de los recursos utilizados por las empresas contratistas involucradas. En consecuencia, la Auditoría Superior advirtió mala planeación como un factor determinante que, sumado a la falta de rigor técnico, pudo haber incidido directamente en las fallas estructurales de la Línea Z. Mientras las investigaciones judiciales avanzan, el balance de daños humanos y económicos sigue siendo un recordatorio de los peligros de ignorar las recomendaciones de los órganos auditores. De esta manera, se espera que los responsables de estas omisiones enfrenten las sanciones administrativas correspondientes para evitar que situaciones similares se repitan en otros tramos ferroviarios.
