La nueva Ley de Extorsión contempla 34 agravantes que aumentan las penas básicas de seis a 15 años de prisión
Ciudad de México. Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueban por unanimidad, con un total de 456 votos, la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. La finalidad primordial de este nuevo marco normativo es perseguir de oficio dichos actos ilícitos, lo que agiliza la acción de la justicia, además de castigar a los responsables con penas que alcanzan hasta 25 años de prisión. Si bien la ley se aprueban por unanimidad en lo general, diversos legisladores de distintos grupos parlamentarios presentaron reservas para discutir artículos específicos del dictamen en lo particular.
Pena básica y multas económicas
El proyecto de ley contempla una pena básica de seis a 15 años de cárcel para quienes obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la intención de obtener un beneficio o lucro indebido. Aunado a la prisión, se prevé una multa económica que asciende hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 56 mil 570 pesos. Sin embargo, el dictamen considera un total de 34 agravantes, mismas que se agrupan en tres apartados diferentes, y las cuales tienen como consecuencia la imposición de sanciones considerablemente más severas.
Los castigos penales se elevan hasta en una tercera parte, es decir, de ocho a 20 años de privación de la libertad, en diversos supuestos. Estos casos incluyen prácticas como el denominado cobro de “piso” o cuando el acto de extorsión está dirigido específicamente a individuos que realicen actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados. De igual forma, la pena se agrava si el delito se comete a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada, buscando intimidar a la víctima.
Agravantes con penas de 25 años
El proyecto de ley también plantea que la sanción se incremente hasta dos terceras partes, lo que resulta en una pena de 10 a 25 años de privación de la libertad, cuando concurran circunstancias de particular gravedad. Por ejemplo, esto se aplica a quien emplee violencia física durante la extorsión. También se sanciona con el máximo de la pena a quien exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, así como a quien exija el cobro por daños a un objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente igualmente provocado con dolo. Con la aprobación de la Ley General de Extorsión, que se aprueban por unanimidad, el Poder Legislativo busca dotar al Estado de herramientas más robustas para combatir uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y al sector productivo.
