El nuevo Código Penal en Afganistán permite el castigo físico doméstico, agravando la situación de violencia contra las mujeres en la región
Afganistán. El régimen del Talibán en Afganistán ha generado una alarma global tras la implementación de una reforma estructural a su Código Penal, la cual institucionaliza el maltrato físico dentro del ámbito familiar. Bajo la denominación de De Mahakumu Jazaai Osulnama, esta nueva normativa permite legalmente que los hombres ejerzan violencia contra sus esposas e hijos, con la única condicionante de no dejar marcas corporales evidentes. Organizaciones internacionales han denunciado que estas medidas representan una grave regresión en materia de garantías básicas, pues el artículo 32 otorga facultades de castigo físico a los jefes del hogar, consolidando la violencia contra las mujeres. Además, el texto legal establece que las mujeres adquieren el estatus de propiedad supeditada al varón, prohibiéndoles salir de sus viviendas sin un permiso explícito, bajo amenaza de enfrentar hasta cinco meses de cárcel.
Restricciones y control social
La estructura judicial diseñada por el régimen impone barreras casi insuperables para aquellas víctimas que busquen algún tipo de reparación o justicia ante abusos extremos. Para que una denuncia proceda, las mujeres están obligadas a presentar lesiones de gravedad ante un tribunal, manteniendo en todo momento su cuerpo totalmente cubierto conforme a las normas de vestimenta impuestas. Resulta paradójico que, para iniciar cualquier proceso legal, la denunciante deba acudir acompañada por su tutor masculino, quien frecuentemente es el propio autor de la violencia denunciada. De esta forma, el sistema perpetúa un ciclo de indefensión donde la autonomía femenina queda anulada por completo frente a la autoridad del esposo, quien mantiene un control absoluto sobre la movilidad y la integridad de su cónyuge.
Sanciones y antecedentes históricos
En cuanto a las repercusiones para los agresores, las penas contempladas resultan mínimas y se aplican únicamente bajo condiciones de daño físico sumamente específicas y visibles. Un hombre solo podría enfrentar un máximo de 15 días de prisión si se comprueban fracturas, heridas abiertas o hematomas en zonas que no estén ocultas por la vestimenta, lo que minimiza el impacto de la violencia contra las mujeres. Este escenario evoca las políticas implementadas originalmente en 1996, cuando el Talibán estableció una interpretación radical de la ley islámica que restringió el acceso a la educación y al trabajo remunerado. Aunque muchas de estas prohibiciones fueron eliminadas tras la intervención de Estados Unidos en 2001, el retorno del grupo al poder ha reactivado códigos que vulneran sistemáticamente la dignidad de la población femenina.
Invisibilidad y desprotección total
El nuevo ordenamiento jurídico afgano no solo normaliza la agresión física, sino que redefine el concepto de libertad personal bajo una óptica de subordinación absoluta al género masculino. Al ser catalogadas como sujetos sin derechos de libre tránsito, las ciudadanas enfrentan un aislamiento social que dificulta la intervención de cualquier red de apoyo externa o humanitaria. Esta reforma al Código Penal asegura que la violencia contra las mujeres permanezca oculta tras las paredes del hogar, donde la ley del más fuerte cuenta ahora con el respaldo del Estado. La comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo décadas de avances en derechos humanos se desmantelan mediante decretos que convierten la opresión doméstica en un mandato legal ineludible para millones de personas en la región.
