La justicia federal ordena que se investigan tortura y violaciones a los derechos humanos denunciadas por Mario Aburto Martínez en el caso Colosio
Ciudad de México. Un tribunal federal ha emitido una resolución histórica al instruir la reapertura de las indagatorias sobre los presuntos actos de violencia física y psicológica ejercidos contra Mario Aburto Martínez. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó, tras analizar el recurso de revisión 192/2025, que el juicio de amparo promovido por el sentenciado debe reponerse desde su origen debido a inconsistencias procesales; por consiguiente, la Fiscalía General de la República se verá obligada a retomar las denuncias por tortura que han marcado este polémico caso desde hace más de tres décadas. Asimismo, esta decisión judicial surge tras detectarse vicios en la actuación de la jueza Paloma Xiomara González, lo que abre una ventana jurídica para examinar las violaciones al debido proceso ocurridas tras el magnicidio de 1994 en Lomas Taurinas.
Implicaciones del nuevo fallo
Aunque la orden del tribunal no conlleva la libertad inmediata del autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sí representa un giro significativo que exige a las instituciones escuchar nuevamente a todas las partes involucradas. De esta forma, las autoridades ministeriales deberán profundizar en los señalamientos de incomunicación y agresiones que Aburto asegura haber padecido desde su captura en Tijuana; sin embargo, el alcance de esta nueva etapa investigativa podría involucrar el testimonio de exfuncionarios de alto nivel que gestionaron la seguridad nacional en aquella época. Es imperativo recordar que, anteriormente, la FGR había decidido no ejercer acción penal contra servidores públicos al considerar insuficientes las pruebas de maltrato; no obstante, esta nueva directriz jurisdiccional invalida ese cierre prematuro para garantizar el acceso a la verdad en este emblemático caso de presunta tortura.
Antecedentes de derechos humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había emitido la recomendación 48VG/2021, en la cual concluyó de manera técnica que el detenido fue víctima de graves transgresiones a su integridad personal durante su traslado a la capital. Mientras tanto, el quejoso ha insistido de manera persistente en que la violencia sufrida durante los interrogatorios iniciales le provocó secuelas permanentes que nunca fueron debidamente atendidas por el sistema de justicia mexicano; por lo tanto, la revisión de fondo solicitada por el tribunal busca subsanar omisiones históricas que han cuestionado la legitimidad de las confesiones obtenidas. En consecuencia, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal deberá admitir nuevas pruebas y testimonios que permitan esclarecer si existió una política sistemática de coacción para orientar los resultados de la investigación criminal sobre el magnicidio, analizando cada detalle del casobajo la lupa de la tortura.
Revisión de figuras políticas
La reapertura del expediente coloca nuevamente bajo el escrutinio público a personajes que ocuparon posiciones clave en la administración pública durante el convulso año de 1994. Al reexaminar las denuncias de Aburto, la justicia podría requerir información adicional sobre las actuaciones de figuras como el expresidente Carlos Salinas de Gortari o el exgobernador Manlio Fabio Beltrones; además, se espera que los archivos de la época sean desclasificados para verificar la veracidad de los reportes médicos y los diarios de detención. De esta manera, el sistema judicial intenta cerrar una herida abierta en la memoria colectiva del país mediante el estricto cumplimiento de los estándares internacionales contra la tortura y los tratos crueles. En última instancia, la resolución judicial subraya que ningún crimen, por grave que sea, justifica la violación de las garantías individuales de un procesado, marcando un precedente fundamental en el desarrollo legal del caso Colosio.
