Las comisiones legislativas dictaminarán los cambios al plan B propuesto por el Ejecutivo
Ciudad de México. La Cámara Alta ha dado un paso decisivo en la ruta legislativa de la ambiciosa reforma electoral impulsada por el Ejecutivo Federal, al remitir formalmente el expediente a las instancias de análisis correspondientes. Laura Itzel Castillo, quien preside la Mesa Directiva del Senado de la República, confirmó que el plan B de Sheinbaum ha sido turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su dictaminación inmediata. Esta estrategia busca reconfigurar el andamiaje institucional mediante modificaciones profundas a la Carta Magna, enfocándose prioritariamente en la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de los mecanismos de democracia participativa en todo el territorio nacional.
Austeridad en los cabildos
El proyecto legislativo contempla una transformación estructural en el ámbito municipal que afectará la composición de los ayuntamientos en las más de 2,500 demarcaciones que integran el país. A través de una reforma al artículo 115 constitucional, la propuesta del plan B de Sheinbaum establece un límite estricto a la burocracia local al proponer que los cuerpos de regidores se reduzcan a un máximo de 15 integrantes. Esta medida responde a una política de racionalidad financiera que pretende eliminar gastos superfluos en los gobiernos de proximidad, garantizando que la representación popular no se traduzca en una carga presupuestaria excesiva para los ciudadanos mexicanos.
Consulta de revocación anticipada
Asimismo, la iniciativa introduce cambios sustanciales en el artículo 35 constitucional para ajustar los tiempos legales en los que la ciudadanía podrá evaluar el desempeño de la titular del Ejecutivo. De acuerdo con el documento oficial, el plan B de Sheinbaum plantea que la consulta para la revocación de mandato se adelante de forma estratégica, programando su realización para el primer domingo de junio. Esta modificación técnica permitiría que el ejercicio democrático se lleve a cabo específicamente durante el tercer o cuarto año del sexenio, lo cual sitúa las fechas probables de votación en los periodos correspondientes a 2027 o 2028.
Dicha reprogramación del calendario electoral asegura que el mecanismo de rendición de cuentas se ejecute con mayor oportunidad dentro de la gestión vigente, permitiendo una evaluación directa del mandato presidencial. Mientras las comisiones senatoriales inician el análisis de estos puntos, el debate se centra en cómo estas reglas de austeridad y participación ciudadana redefinirán el equilibrio de poder en México. En consecuencia, la aprobación del plan B de Sheinbaum representaría un cambio de paradigma en la organización política del país, compactando las estructuras municipales y otorgando un nuevo ritmo a los procesos de consulta nacional.
