Los litigantes señalan que la inexperiencia de jueces en la toma de decisiones jurídicas ha duplicado los tiempos de espera para las resoluciones
Playa del Carmen, QR. La reciente transición en el sistema judicial de Quintana Roo ha generado un cuello de botella que afecta directamente la celeridad de los procesos legales en la región. Leopoldo Cruz Navarro, miembro destacado de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, señaló que la inexperiencia de jueces retrasa de forma considerable el desahogo de expedientes en los juzgados locales. Según el jurista, la falta de práctica de los juzgadores recién electos ha provocado que el tiempo de admisión de una demanda se extienda actualmente entre dos y cuatro meses. Este escenario incrementa el rezago histórico que arrastra el Poder Judicial; por lo tanto, la operatividad administrativa se ha visto comprometida por una curva de aprendizaje que resulta costosa para los ciudadanos que buscan justicia pronta y expedita en Playa del Carmen.
Dependencia de los secretarios
El panorama actual dentro de los tribunales revela una dinámica donde el conocimiento técnico recae mayoritariamente en el personal de apoyo y no en los titulares de las ponencias. Cruz Navarro reveló que, ante la falta de pericia, quienes realmente sacan adelante el trabajo diario son los secretarios de acuerdo, pues los nuevos jueces dependen de sus criterios para emitir cualquier resolución. Anteriormente, la autoridad judicial poseía la capacidad de revisar y corregir de forma directa la labor del secretario para agilizar los fallos; sin embargo, debido a que la inexperiencia de jueces es evidente, la relación se ha invertido por completo. De esta forma, el secretario debe guiar al juzgador en cada paso procesal; por consiguiente, el diálogo interno y la revisión exhaustiva de cada determinación consumen mucho más tiempo del debido.
Crisis por falta de presupuesto
A la falta de trayectoria profesional de los nuevos integrantes del sistema, se suma un problema estructural que las fiscalías y juzgados han padecido durante décadas en la entidad. El abogado litigante enfatizó que la carga de trabajo aumenta de forma anual, mientras que la plantilla laboral y los recursos económicos permanecen estancados o resultan insuficientes. Mientras tanto, la carencia de instalaciones adecuadas y la falta de salarios competitivos desincentivan la eficiencia en la prestación de los servicios de justicia. Es imperativo que las autoridades estatales reconozcan que el origen de la crisis pasa por el presupuesto; de esta forma, en tanto no se asignen fondos suficientes para ampliar el personal calificado, los resultados actuales seguirán siendo mediocres frente a una demanda social que no deja de crecer.
Consecuencias del rezago judicial
El impacto de estas deficiencias se traduce en una vulneración a los derechos de los litigantes y sus representados, quienes enfrentan procesos que parecen no tener fin en el corto plazo. Cruz Navarro afirmó que el sistema requiere una reingeniería profunda que no solo contemple la capacitación de los juzgadores, sino también una dignificación de todas las áreas operativas de la institución. De esta manera, el retraso en las resoluciones no solo es una cuestión de tiempo, sino que también agrava la desconfianza de la población hacia sus autoridades encargadas de impartir justicia. En consecuencia, la inexperiencia de jueces retrasa el desarrollo económico y social de la Riviera Maya, puesto que la incertidumbre jurídica frena la resolución de conflictos que son vitales para la estabilidad y la paz ciudadana en el municipio de Solidaridad.
